El Viceministro de Educación admite que más de 100 centros en Bata funcionan sin autorización

Según declaraciones recogidas por la página dictatorial Real Equatorial Guinea, el viceministro de Educación, Diosdado Obiang Obono, reconoció que en la ciudad de Bata existen más de 100 centros educativos privados que operan sin autorización oficial de funcionamiento. El dato, lejos de ser un simple desliz administrativo, refleja el profundo desorden que reina en la gestión del sistema educativo del país.

La confesión pública es inédita: por primera vez, una autoridad admite abiertamente que el propio ministerio desconoce lo que ocurre bajo su responsabilidad. La pregunta se impone por sí sola: ¿cómo es posible que un centenar de centros funcionen durante años sin que nadie en el Ministerio de Educación lo advirtiera?

La situación no sorprende a quienes conocen el funcionamiento real del Estado guineoecuatoriano. El caso de Bata revela lo mismo que ocurre en la sanidad, en la justicia o en las infraestructuras: instituciones que deberían velar por el interés general han cedido el terreno a la improvisación, la corrupción y el clientelismo. Abrir un colegio se convierte en un negocio rápido para quienes tienen algún contacto en la administración, mientras los niños y jóvenes son relegados a formarse en aulas sin garantías legales ni pedagógicas.

Detrás de esta proliferación de centros sin autorización se esconde también un mercado negro de matrículas, cuotas y “certificados” que alimenta las redes de corrupción, donde funcionarios y gestores privados se benefician de la ausencia de controles. Para las familias, sin embargo, la consecuencia es devastadora: depositan su confianza y sus escasos recursos en instituciones que carecen de respaldo legal, y cuyos diplomas pueden ser papel mojado.

Que esta confesión salga ahora a la luz demuestra que el Ministerio de Educación ni controla ni regula lo que ocurre en las ciudades del país. Solo cuando el problema alcanza una magnitud imposible de disimular se produce el reconocimiento, acompañado de una promesa de orden que, en la práctica, rara vez se cumple.

Si más de cien centros en Bata funcionan sin autorización, ¿qué ocurrirá en el resto del territorio nacional? La confesión del viceministro no solo describe una irregularidad: es la admisión de que el Estado ha perdido el control sobre uno de los pilares básicos de cualquier sociedad.

“Eso se nos ha ido de las manos”, como diría aquel.

La educación en Guinea Ecuatorial no está desordenada por accidente: está programada para criar generaciones de borregos obedientes al capricho del sucesor impuesto, Teodorín.