18.000 millones para rehabilitar viviendas sociales y solo 12 apartamentos reparados en dos años

Mientras el clan en el poder se solaza en palacios de mármol, miles de guineoecuatorianos malviven entre ruinas modernas. La reciente puesta en escena de “Teodorín” contra la empresa China Dalian no es más que una cortina de humo para encubrir la incompetencia y la corrupción sistémica que devoran las infraestructuras del país. Entre miles de millones evaporados y promesas de escaparate, la rehabilitación de los 5.382 apartamentos de Malabo y Bata camina hacia un naufragio nacional.

Por OLBIF

El espectáculo está ensayado desde hace años, pero ya no engaña a nadie. El miércoles 11 de marzo de 2026, el “número dos” del régimen, Nguema Obiang Mangue, cuya reputación internacional en materia de gestión de fondos públicos no necesita presentación, volvió a interpretar el papel de justiciero institucional. Según el órgano propagandístico del palacio presidencial, el Gobierno habría decidido elevar el tono contra la empresa China Dalian por el incumplimiento del contrato de rehabilitación de viviendas sociales. Pero la pregunta es inevitable: ¿a quién pretende convencer realmente esta escenificación?

Un agujero financiero de 18.000 millones

El expediente es demoledor. Para rehabilitar unas viviendas sociales que ya presentaban graves signos de deterioro por falta de mantenimiento, los estudios oficiales concluyeron que serían necesarios 18.000 millones de francos CFA. En este tipo de montajes financieros característicos del sistema político de Malabo, el Estado aceptó asumir el 50 % del coste, mientras el resto debía recaer sobre la empresa encargada de las obras.

Para justificar el desembolso público, la versión oficial llegó incluso a señalar la supuesta “mala utilización de los apartamentos por los usuarios” como uno de los factores del deterioro. En otras palabras, se culpa a los propios ciudadanos para explicar el fracaso de una política de vivienda que desde su origen estuvo marcada por la improvisación y la opacidad.

Con el fin de demostrar su “buena fe”, el Gobierno asegura haber adelantado 5.000 millones de francos CFA desde marzo de 2024. Pero la realidad sobre el terreno es brutal, tras dos años de trabajos, China Dalian solo ha rehabilitado 12 apartamentos de los 5.382 previstos.

El contraste resume por sí solo el alcance del fracaso. Como dice un proverbio africano, no se puede esconder el humo cuando la casa está ardiendo. Y en este caso el incendio revela algo más profundo que un simple retraso administrativo; la incapacidad de un sistema clientelar para garantizar algo tan básico como una vivienda digna.

La diplomacia del ultimátum

Ante este balance desolador, Teddy convocó a representantes de la empresa, a responsables administrativos y a una comisión encargada de supervisar el proyecto. El mensaje oficial pretendía transmitir firmeza, China Dalian debía acelerar los trabajos o enfrentarse a la cancelación del contrato y a la devolución de los anticipos ya pagados.

Incluso se mencionó la posibilidad de exigir un cronograma detallado de ejecución en un plazo de quince días.

La escena, sin embargo, responde a un guion bien conocido en la política del padre y de su hijo vice; cuando un proyecto financiado con dinero público fracasa, el discurso oficial busca trasladar toda la responsabilidad al socio extranjero. Primero se firman contratos poco transparentes, luego se toleran retrasos durante años y, cuando el escándalo ya resulta imposible de ocultar, se organiza una demostración pública de indignación.

El problema, sin embargo, rara vez se encuentra únicamente en la empresa contratista. Con frecuencia está en la propia arquitectura del sistema, contratos negociados sin controles independientes, supervisión inexistente y decisiones tomadas dentro de redes de poder donde la lealtad política pesa más que la competencia técnica.

El pueblo, eterno olvidado de las ciudades dormitorio

Mientras tanto, en los barrios afectados de Malabo y Bata la realidad es mucho menos teatral. Las grúas permanecen inmóviles, los bloques muestran signos evidentes de deterioro y miles de familias continúan viviendo en edificios que fueron presentados hace pocos años como símbolo del progreso nacional.

Las nuevas promesas oficiales aseguran que cada edificio debería terminarse rápidamente una vez desalojados los ocupantes y que, en caso de retrasos, la empresa debería proporcionar alojamientos temporales. Sin embargo, donde el derecho del ciudadano depende con frecuencia de decisiones administrativas imprevisibles, estas garantías generan más escepticismo que confianza.

El contraste resulta cada vez más visible, los ingresos del petróleo que debían transformar Guinea Ecuatorial en un modelo de desarrollo se evaporan entre proyectos fallidos, mientras las viviendas sociales destinadas a mejorar la vida de la población se deterioran antes incluso de cumplir una década.

El final de un espejismo

El fiasco de China Dalian es el reflejo de un sistema en el que los grandes proyectos públicos se convierten con demasiada frecuencia en operaciones opacas donde las responsabilidades se diluyen y las consecuencias recaen siempre sobre la población.

La propaganda oficial intenta presentar esta crisis como un simple conflicto contractual. Pero los hechos sugieren algo más profundo, una política de infraestructuras donde la transparencia es escasa, la supervisión inexistente y el interés público queda relegado a un segundo plano.

Hoy Malabo amenaza con exigir la devolución de los anticipos si la empresa no cumple. Queda una última pregunta que muchos ciudadanos se hacen en silencio:

Si ese dinero regresara algún día, ¿serviría realmente para rehabilitar las viviendas que siguen deteriorándose?

O, como ha ocurrido tantas veces en la historia reciente del país, ¿volvería simplemente a desaparecer en las grietas del mismo sistema que permitió este fracaso?