Defensor del Pueblo confirma que el Estado es el agresor. Y se queda tan pancho

En Guinea Ecuatorial, las estadísticas, sacadas al voleo, raras veces dicen la verdad. Pero cuando lo hacen, son demoledoras. El 79 % de las denuncias registradas por la Defensoría del Pueblo tienen un mismo y único destinatario: la Administración General del Estado.

La cifra apareció publicada en un diario digital afín al régimen de Malabo, como si se tratara de un simple dato administrativo más. Pero es mucho más que eso. Es la confesión involuntaria de un sistema podrido desde dentro: el Estado guineoecuatoriano, el que debería proteger a su pueblo, es también su principal verdugo.

Y no se trata de una abstracción. Se trata de ministros, generales, jueces, policías y funcionarios, casi todos vinculados directa o indirectamente al clan familiar que hospeda el palacio «La Colina», que usan su cargo para extorsionar, castigar, humillar o robar con total impunidad.

El informe fue leído por Reginaldo Ejido Panadés, actual defensor del Pueblo, ante la llamada Cámara de los Diputados. ¿Y qué hizo luego? Nada. Como es habitual. Porque en una dictadura, la Defensoría del Pueblo no defiende al pueblo. Defiende al régimen.

Y no es por falta de pruebas, ni por miedo al trabajo. Es por lealtad al dedo que lo nombró. Reginaldo Ejido Panadés no habla claro no porque no sepa, sino porque sabe demasiado bien a quién no debe incomodar. Ese 79 % es una cifra maquillada, la versión reducida de una realidad aún más brutal. Es una “baja estadística” que se permite para no herir a quienes lo pusieron en el cargo.

En cualquier país serio, un dato como este sería un escándalo nacional. En Guinea Ecuatorial, es solo otra línea más en un informe anual, leído entre bostezos y aplausos. Porque cuando los agresores controlan las instituciones, la justicia no es más que un simulacro.

Y la dictadura sigue, como siempre, sonriendo para la foto mientras el pueblo sangra.