La Corte Suprema gana otra semana para explicar 502 millones sin justificar

La corrupción en la cúspide del Poder Judicial guineoecuatoriano sigue escribiendo nuevos capítulos. La comisión creada para auditar las cuentas de la Corte Suprema de Justicia ha concedido una semana adicional a su presidente, Francisco Evuy Nguema Mikue, para justificar el destino de más de 502 millones de francos CFA detectados con graves irregularidades durante la inspección.

La decisión no llega porque hayan aparecido nuevas pruebas a su favor, sino porque el magistrado pidió más tiempo para presentar documentación o devolver parte de los fondos observados. Mientras tanto, el escándalo continúa abierto y deja al descubierto un sistema donde incluso la máxima instancia judicial del país acumula millonarios agujeros contables.

Según las conclusiones provisionales de la auditoría, las anomalías afectan a varias partidas de gasto. Los inspectores han detectado pagos de salarios sin respaldo legal, una gestión irregular de la caja chica, gastos sin justificar documentalmente y casos de sobrefacturación. En conjunto, las cantidades pendientes de aclaración superan los 502 millones de francos CFA.

El dato resulta especialmente significativo porque el propio Gobierno había presentado esta auditoría como un ejemplo de lucha contra la corrupción. Sin embargo, cuando las irregularidades alcanzan a uno de los hombres más poderosos del aparato judicial, la respuesta no ha sido una suspensión inmediata ni la apertura pública de un procedimiento penal, sino la concesión de un nuevo plazo para intentar justificar unas cuentas que ya han sido cuestionadas por los auditores.

El caso plantea además una contradicción difícil de ocultar. Mientras los tribunales mantienen una severidad extrema contra ciudadanos, opositores o funcionarios de menor rango, el máximo responsable de la Corte Suprema dispone de tiempo adicional para explicar el destino de cientos de millones de fondos públicos.

La próxima semana será decisiva. Francisco Evuy deberá aportar la documentación que respalde los gastos observados o proceder al reintegro de las cantidades cuya utilización no pueda acreditar. Si ninguna de las dos opciones prospera, el Gobierno tendrá que decidir si convierte esta auditoría en un verdadero proceso de rendición de cuentas o si termina incorporándola a la larga lista de escándalos que se diluyen sin consecuencias.

Lo que ya no admite discusión es que, la propia auditoría «oficial» ha reconocido la existencia de graves irregularidades económicas en el órgano encargado de administrar justicia en Guinea Ecuatorial. Y esa constatación convierte este caso en uno de los episodios más delicados para la credibilidad de un sistema judicial que, una vez más, parece juzgar con distinta vara según quién ocupe el banquillo.