La comisión anticorrupción de Obiang cambia de caras para que nada cambie

El régimen ha renovado la dirección de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Cambian los nombres, pero el organismo continúa sometido al mismo poder que controla los fondos públicos, nombra a sus responsables y decide hasta dónde pueden investigar.

Por OLBIF

Nada cambia en Guinea Ecuatorial. Todo vuelve a empezar con otro decreto, nuevos discursos y la fotografía oficial de rigor.

El lunes, en la Presidencia del Gobierno de Malabo, Manuel Osa Nsue Nsua dirigió la toma de posesión de Santiago Casto Nvono Bibang como presidente de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción. Junto a él asumieron sus cargos Deogracias Nsue Nchama Andong, como vicepresidente, y Ana Rosa Nsang Mangué, como secretaria general.

La ceremonia fue presentada como una nueva demostración del compromiso gubernamental con la transparencia. Hubo entrega de despachos, intercambio de sillas, agradecimientos a Teodoro Obiang y promesas de integridad. La misma representación que el régimen repite cada vez que necesita aparentar que vigila una corrupción inseparable de su propio funcionamiento.

Santiago Casto Nvono Bibang tampoco representa una ruptura con el pasado. Ha sido director general del Gabinete de la Vicepresidencia, viceministro de Planificación y, más recientemente, viceministro de Turismo. No llega desde una institución independiente ni desde un organismo capaz de fiscalizar al poder. Es otro alto cargo formado, promovido y recolocado dentro de la administración de los Obiang.

Ahí reside el fraude principal. La comisión encargada de investigar la corrupción depende de la Presidencia, mientras su dirección es nombrada y cesada por decisión personal de Teodoro Obiang. Quienes deben vigilar al Gobierno deben primero agradecerle el cargo. Quienes tendrían que investigar el uso de los recursos públicos deben su continuidad a quienes controlan esos recursos.

La nota difundida por la oficina de prensa gubernamental asegura que la dirección saliente trabajó durante veinte meses. No informa, sin embargo, del número de investigaciones abiertas, de los expedientes remitidos a la Justicia, de las sanciones impuestas ni del dinero recuperado. El balance se reduce a una sucesión de “retos”, compromisos y declaraciones administrativas imposibles de comprobar.

Manuel Osa Nsue fue todavía más lejos al atribuir a Teodorín el liderazgo de las políticas contra la corrupción. El elogio resulta difícil de sostener frente a los antecedentes internacionales del hijo del dictador, que en 2014 aceptó entregar más de 30 millones de dólares en activos dentro de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con bienes adquiridos mediante corrupción y blanqueo de capitales.

El régimen no ha creado un mecanismo independiente de control. Ha instalado a varios funcionarios de confianza al frente de una comisión subordinada a la familia gobernante y pretende presentar esa rotación interna como una reforma.

La lucha contra la corrupción no se demuestra con fotografías, juramentos ni cambios de despacho. Exige publicar los patrimonios de los altos cargos, auditar las cuentas del Estado, proteger a los denunciantes y permitir que jueces independientes investiguen incluso a la familia presidencial. Nada de eso forma parte del programa anunciado en Malabo.

En Radio Macuto conocemos esta función. Los Obiang llevan años prometiendo sanear una administración construida para proteger sus intereses. Mientras el mismo clan designe a los vigilantes, controle a los jueces y decida quién puede ser investigado, la comisión anticorrupción seguirá siendo lo que siempre ha sido, una coartada burocrática al servicio del saqueo.