NEXOS-GE abre el cálculo del saqueo atribuido a la familia Obiang desde 1979

NEXOS-GE ha abierto un proceso para reconstruir y valorar el perjuicio financiero causado al Estado ecuatoguineano por la malversación de fondos públicos atribuida a Teodoro Obiang y su familia durante sus 47 años en el poder. La primera entrega se remonta al Consejo Militar Supremo y examina el destino del dinero intervenido tras el golpe de Estado de 1979.

El documento original, titulado «Contribución al avalúo del perjuicio financiero irrogado al Estado por la familia Obiang. Periodo del Consejo Militar Supremo», puede leerse íntegramente en la página oficial de NEXOS-GE.

La organización presenta esta iniciativa frente a la campaña de lucha contra la corrupción impulsada por Teodoro Nguema Obiang Mangue. Según NEXOS-GE, esa ofensiva comunicacional omite una malversación sistemática y continuada que habría contribuido al empobrecimiento generalizado de la población ecuatoguineana.

NEXOS-GE sostiene que la dimensión de ese perjuicio obliga a realizar un recuento de las principales tramas documentadas, siguiendo un orden cronológico. También propone recopilar los testimonios de las personas implicadas o conocedoras de los hechos, entre ellas cómplices, encubridores y testigos.

El objetivo declarado es que una futura justicia transicional independiente pueda determinar las responsabilidades penales por el presunto delito continuado de malversación de caudales públicos. La restitución de los bienes confiscados en el extranjero debería ir acompañada, según la organización, de la investigación de quienes ordenaron, facilitaron o se beneficiaron de las transferencias ilícitas.

La primera entrega aborda el posible desvío de los fondos públicos atribuidos a Francisco Macías Nguema. NEXOS-GE recuerda que el juicio sumarísimo celebrado tras su derrocamiento dedicó buena parte de su actividad probatoria a las acusaciones de malversación, pese a la gravedad de los demás crímenes examinados durante el proceso.

El tribunal militar interrogó a los acusados y escuchó a numerosos testigos. Comparecieron funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, empleados del Banco Popular, integrantes de las comisiones encargadas de comprar la producción de las fincas estatales de cacao y café y administradores de las factorías públicas.

También se examinaron informes, cuentas bancarias de Macías y de sus familiares, salarios percibidos por el expresidente, remesas enviadas al extranjero y declaraciones relacionadas con viajes oficiales. NEXOS-GE señala que al expediente se incorporaron documentos que no figuraban inicialmente en el sumario.

Según la organización, aquellas diligencias permitieron comprobar que Macías había trasladado el Tesoro Público a su residencia privada de Nsang Ayong. El proceso, sin embargo, no precisó la cantidad exacta encontrada en el domicilio, las circunstancias de su incautación por las Fuerzas Armadas bajo el mando del entonces teniente coronel Teodoro Obiang ni la identidad de la persona que recibió posteriormente esos fondos.

Las cifras expuestas ante el tribunal fueron contradictorias. Se afirmó que Macías había cobrado haberes por valor de 10,6 millones de dólares, aunque también se mencionaron 78 millones. A esa disparidad se añadieron 13,54 millones de dólares que supuestamente mantenía en cuentas bancarias.

La esposa de Macías fue acusada de sacar fondos públicos del país transportándolos en siete maletas durante varios viajes oficiales. El documento señala que no se ofrecieron más detalles sobre las cantidades, los destinos ni las personas que pudieron participar en esas operaciones.

Macías sostuvo durante el juicio que sus ahorros procedían de su anterior actividad agrícola. También denunció que los militares enviados para detenerlo le habían robado el equivalente a cuatro millones de dólares.

NEXOS-GE atribuye al tribunal una opacidad total sobre la comprobación de estas acusaciones. No hubo una explicación pública que permitiera establecer cuánto dinero pertenecía realmente al Estado, qué parte fue incautada y quién asumió su control después del derrocamiento del expresidente.

Durante el mismo proceso se afirmó que Macías había transferido dinero del Tesoro Público a cuentas abiertas en bancos extranjeros. No se identificaron las jurisdicciones, las entidades bancarias, los administradores de las cuentas ni las claves necesarias para acceder a ellas.

Testimonios anónimos recogidos posteriormente situaron en veinte millones de dólares los fondos que Guinea Ecuatorial tenía depositados en cuentas de Europa y América antes del golpe de Estado. Según esos testimonios citados por NEXOS-GE, el dinero habría sido reapropiado después por Teodoro Obiang.

La organización menciona como posibles testigos a Salvador Elá Nseng, vicepresidente segundo y responsable de Finanzas y Comercio en el primer Gobierno del Consejo Militar Supremo; Damián Ondo Mañe, entonces gobernador del Banco Central; Bruno Beretta Monta, y Pedro Nsue Ela Eyang, encargado de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España.

NEXOS-GE exige que Teodoro Obiang rinda cuentas sobre la situación financiera del país tras el golpe de 1979, las cantidades incautadas por las Fuerzas Armadas y el estado de las cuentas bancarias abiertas en el extranjero durante la dictadura de Macías.

La organización sostiene que la ocultación o el desvío de aquellos fondos podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos. Su cálculo del perjuicio financiero comienza, por tanto, en el nacimiento del actual régimen y en una pregunta que continúa sin respuesta pública, qué ocurrió con el dinero que quedó bajo el control de los militares después del golpe de Estado.