Malabo admite que el 65 % paga la sanidad de su bolsillo aunque en realidad la paga toda la población

La dictadura reconoce que la mayoría de los guineoecuatorianos asume directamente sus gastos sanitarios. El porcentaje deja fuera al 35 % restante, aunque nadie tiene garantizada una atención completa y gratuita.

El régimen difundió el 26 de agosto las primeras conclusiones de las Cuentas Nacionales de Salud de 2021 a 2023. Entre los anuncios sobre futuras reformas apareció el dato central: el 65 % de la población paga directamente de su bolsillo los gastos sanitarios.

No significa que el 35 % restante reciba atención gratuita. Guinea Ecuatorial continúa sin un seguro médico universal y los pacientes terminan pagando consultas, pruebas, medicamentos u otros servicios que el sistema público no cubre. Unos desembolsan más y otros menos, pero la factura alcanza a toda la población.

La Organización Mundial de la Salud calcula qué proporción del gasto sanitario corriente procede directamente de los hogares. La base publicada por el Banco Mundial sitúa ese porcentaje en el 65,98 % para 2023.

El 65 % anunciado por Malabo se refiere a la población que paga, mientras el 65,98 % de la OMS indica qué parte del gasto sanitario sale del bolsillo de las familias. Ambos datos retratan un sistema que descarga su coste sobre los pacientes.

Los propios técnicos situaron su elaboración en torno al 50 %. No se han publicado el informe completo, la metodología ni las tablas que permitirían comprobar cómo se obtuvieron los resultados. Malabo ha presentado como conclusión un trabajo que sigue a medias.

En 2021, los pagos directos superaban el 77 % del gasto sanitario corriente, según la plataforma internacional P4H, en la que participan la OMS y el Banco Mundial. Era la proporción más alta de África y la tercera del mundo.

La reducción hasta aproximadamente el 66 % no hace accesible el sistema. La OMS considera que el riesgo de que una enfermedad arruine a una familia disminuye cuando los pagos directos no superan entre el 15 % y el 20 % del gasto sanitario total, según recoge Human Rights Watch. Guinea Ecuatorial triplica ese nivel.

La consecuencia se vive fuera de las estadísticas. Quien no tiene dinero retrasa una consulta, renuncia a una prueba o abandona el tratamiento. La supuesta gratuidad de algunos servicios sirve de poco cuando el paciente termina pagando aquello que necesita para curarse.

Radio Macuto documentó que CENTRAMED llevaba casi tres años sin recibir apenas medicinas. También denunció que productos valorados en más de 1.500 millones de francos CFA permanecían almacenados mientras hospitales y farmacias sufrían desabastecimiento.

Si el medicamento no está en el hospital, el paciente debe buscarlo en una farmacia privada. Si no puede pagarlo, se queda sin tratamiento.

La dictadura presenta ahora estas cuentas como un avance hacia el seguro médico universal. El proyecto se discute desde 2020 y todavía no están resueltas cuestiones básicas como la financiación, la cobertura y las prestaciones, según Faroleh Noticias.

Seis años después, no existe una fecha definitiva para su entrada en vigor. Tampoco se ha explicado cuánto deberán aportar los trabajadores, qué protección tendrán quienes viven fuera del empleo formal ni qué centros atenderán a los asegurados.

El 65 % es la parte que Malabo admite. La realidad es que, en Guinea Ecuatorial nadie enferma gratis.