Teodorín decide ahora también qué sentencias se cumplen

La Corte Suprema estudia el recurso de Marathon Oil contra una condena laboral de 1.520 millones de francos CFA. Antes de que el tribunal resuelva, el vicepresidente de su padre anunció que el Gobierno no permitirá ejecutar la sentencia.

Una sentencia puede recurrirse, confirmarse o anularse. Lo que no puede hacer un vicepresidente, por mucho que sea su padre el dictador, es decidir desde el Gobierno si se cumple.

Teddy anunció la noche del 24 de agosto que el Ejecutivo no permitirá aplicar una resolución de la Magistratura de Trabajo n.º 2 de Malabo contra Marathon Oil EG mientras no se aclaren las supuestas irregularidades que atribuye a jueces y magistrados.

Según la información difundida por el propio Teodorín, la sentencia completa no se ha hecho pública, el procedimiento comenzó tras el despido de Hermenegildo Esono Anguezomo, gerente de Relaciones con el Gobierno de Marathon.

La Magistratura declaró improcedente el despido y condenó a la petrolera a pagarle 1.520.154.184 francos CFA, unos 2,3 millones de euros, por indemnización, antigüedad, derechos adquiridos y diferencias salariales. También impuso 45.604.625 francos CFA en concepto de costas.

Marathon recurrió ante la Corte Suprema de Justicia alegando un error de ley. Para que el recurso fuese admitido, la empresa consignó la condena más un 20 % adicional: 1.878.910.572 francos CFA, alrededor de 2,86 millones de euros.

El expediente ya estaba, por tanto, en manos de la Corte Suprema. Pero Teodorín decidió entrar en el proceso.

Según su versión, el salario contractual del trabajador era de 3.267.111 francos CFA mensuales y la Magistratura calculó parte de la indemnización utilizando como referencia una remuneración de 17.335.285 francos CFA atribuida a otro puesto de la compañía.

El mensaje de Teddy introduce después una cifra diferente para ese segundo salario, 5.646.430 francos CFA.

No se han publicado el número del procedimiento, el recurso presentado por Marathon ni la respuesta del trabajador. Con la documentación disponible tampoco puede afirmarse que los magistrados manipularon deliberadamente la indemnización o pretendían quedarse con parte del dinero consignado, como sostiene Teodorín.

Lo que sí consta es la intromisión del Ejecutivo. El vicepresidente de su padre afirmó que la posición del Gobierno es «no permitir la aplicabilidad de esta sentencia» hasta que se investigue el caso.

La Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial establece en su artículo 89 que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo. El artículo 91 reserva exclusivamente a los juzgados y tribunales la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Teodorín no forma parte de la Magistratura de Trabajo ni de la Corte Suprema.

Marathon es una empresa estratégica para el sector energético guineoecuatoriano. En noviembre de 2024, ConocoPhillips completó la compra de Marathon Oil. El grupo estadounidense se convirtió también en el principal accionista de EG LNG, con una participación del 56 %, y reforzó su posición en el sector energético guineoecuatoriano.

Radio Macuto ya denunció en 2023 que Marathon despedía a trabajadores guineoecuatorianos para sustituirlos por expatriados. La posible incorrección de una indemnización no borra ese antecedente ni convierte automáticamente a la petrolera en víctima.

Existe otro precedente reciente. En julio, Teodorín utilizó un conflicto laboral relacionado con Trident Energy para abrir un frente contra magistrados del Tribunal Supremo.

Ahora reaparece la misma configuración, una petrolera extranjera, una sentencia incómoda y el vicepresidente actuando como denunciante, fiscal, juez y autoridad de ejecución.

Si el fallo contiene errores, debe corregirlos la Corte Suprema. Si hubo corrupción, corresponde investigar, publicar el expediente y procesar a los responsables. Ninguno de esos procedimientos puede sustituirse por la voluntad del vicepresidente de su padre.

La justicia no se limpia obedeciendo a Teodorín.