Obiang resiste porque España calla

En una entrevista reciente con la revista África Mundi, el periodista exdirector del El País, Antonio Caño y una de las voces más experimentadas del periodismo internacional en lengua española, lanzó una afirmación que golpea con precisión quirúrgica el núcleo del problema guineoecuatoriano: “En Guinea Ecuatorial no existe ni siquiera el embrión de una alternativa democrática. Y ahí hay parte de responsabilidad española”.

Caño, que durante décadas cubrió la política exterior de España y América Latina y dirigió el mayor periódico de habla hispana entre 2014 y 2018, no lanza estas palabras al vacío. Las contextualiza dentro de una crítica más amplia hacia la indiferencia crónica de los sucesivos gobiernos españoles respecto a Guinea Ecuatorial. Su testimonio no es un gesto aislado: es el síntoma de un debate que ya no puede seguir postergándose.

“España podría haber jugado un papel más activo en el impulso de una apertura democrática en Guinea Ecuatorial. No lo hizo. Y eso también es parte del problema.”

Antonio Caño, exdirector de El País, en África Mundi

Desde la independencia formal de Guinea Ecuatorial en 1968, España ha optado por una estrategia de bajo perfil frente a la evolución autoritaria del país. Primero con Francisco Macías Nguema; y luego Teodoro Obiang Nguema, quien asumió el poder tras un golpe de Estado y jamás lo ha soltado.

Durante los primeros años de la transición democrática española, algunos sectores políticos y académicos pidieron una implicación más activa de Madrid en los procesos de democratización africanos, especialmente en Guinea. Pero tanto la UCD, como luego el PSOE de Felipe González y el PP de José María Aznar, optaron por una diplomacia económica y pragmática, ignorando las sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Felipe González, por ejemplo, mantuvo una política ambigua hacia Obiang. En 1992, incluso lo recibió en La Moncloa con todos los honores. Más tarde, en 2001, José María Aznar firmó acuerdos bilaterales que priorizaban la cooperación en materia energética. Y ya en tiempos de Zapatero, Moratinos apostó por una “diplomacia tranquila” con el régimen guineoecuatoriano, incluso cuando los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch alertaban sobre torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

El periodista no se limita a señalar a los gobiernos. También apunta a la falta de presión por parte de los medios de comunicación, incluido el que él mismo dirigió. Aunque El País publicó editoriales esporádicos condenando la represión, nunca impulsó una cobertura sostenida sobre Guinea Ecuatorial. Las pocas excepciones vinieron de periodistas como Xavier Aldekoa (La Vanguardia), José Naranjo (El País), y medios independientes como Público, eldiario.es o Planeta Futuro.

“España nunca ha querido incomodar al régimen”, dice Caño. Una afirmación que se ajusta a la realidad: Repsol, ACS, Abengoa y otras empresas españolas han tenido intereses económicos, sobre todo en infraestructuras, hidrocarburos y banca. Incluso cuando el Parlamento Europeo aprobó resoluciones condenando la corrupción y la falta de libertades, los gobiernos españoles se mantuvieron en silencio.

Todo lo que ha querido montar la oposición a Obiang desde el exilio es silenciado, boicoteado o directamente ninguneado. Un ejemplo elocuente es la plataforma proderechos humanos NEXOS-GE, de reciente creación, que ha intentado establecer puentes con instituciones españolas sin éxito alguno. Casi toda la España institucional le da la espalda, a pesar de su apuesta por el diálogo y la denuncia documentada de violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, sus integrantes son objeto de vigilancia, como reveló el diario El País en un reportaje que denunciaba el espionaje del régimen guineoecuatoriano sobre activistas exiliados en territorio español. El mensaje que reciben es claro: no solo deben enfrentarse al autoritarismo, sino también a un muro de indiferencia en la tierra que un día los colonizó.

La oposición guineoecuatoriana ha sido sistemáticamente desarticulada mediante represión, exilio forzado y una política de cooptación selectiva. Partidos como el CPDS, ciudadanos independientes, movimientos juveniles y asociaciones clandestinas han sido blanco de una maquinaria de control. “La oposición no ha tenido nunca posibilidades reales”, denuncia el periodista, y añade: “No hay libertad de prensa, ni elecciones limpias, ni siquiera organizaciones de la sociedad civil que puedan hacer contrapeso”.

El señalamiento no es menor. Muchos activistas guineoecuatorianos llevan años denunciando que, sin una presión internacional firme y sin una ruptura real con la complicidad diplomática de países como España, la dictadura seguirá reproduciéndose indefinidamente. La entrevista, pues, no es solo una descripción lúcida de un sistema podrido, sino también una interpelación directa a las instituciones españolas.

¿Por qué España se mantiene impasible ante una dictadura que ha saqueado el país, torturado y secuestrado a sus ciudadanos y abolido toda forma de participación democrática? ¿Por qué España no exige, con inistencia, el cuerpo sin vida de Julio Obama Mefuman que sirvió a la legión? ¿Por qué sigue recibiendo a miembros del gobierno guineoecuatoriano en actos oficiales, como ocurrió con el ministro de Asuntos Exteriores Simeón Oyono Esono en Madrid en 2021?

La entrevista de Antonio Caño debería servir como catalizador de un debate profundo y honesto, no solo en España, sino también entre quienes luchan desde dentro o desde el exilio por una Guinea Ecuatorial libre. Porque no basta con denunciar: hay que señalar con nombre y apellidos a quienes se beneficiaron del silencio.