El Estado tolera los taxis ilegales en Malabo

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«En Guinea Ecuatorial no se hace cumplir la ley; se suplica que la gente la respete.»

La Dirección General de Tráfico Rodado y Seguridad Vial de Guinea Ecuatorial ha emitido una circular que retrata a la perfección el caos administrativo en el que vive sumido el país. El documento, fechado el 19 de mayo de 2025, no solo reconoce abiertamente que decenas, si no cientos, de vehículos al servicio público (taxis) circulan sin pagar tasas, sin seguro y sin documentación, sino que además les concede un plazo de siete días para “regularizar” su situación, como si el incumplimiento de la ley fuera un mal menor que se puede ir negociando.

El aviso, que es firmado por el director general Francisco Mesie Obama Eyang, hace referencia a una denuncia enviada por la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento Central de Malabo, en la que se señala la mala actitud” de muchos propietarios de taxis que no pagan las tasas anuales ni el rodaje municipal, ni tampoco la llamada “pegatina del Ayuntamiento”.

Lo que sorprende, y escandaliza, es que en lugar de actuar conforme a la ley, el propio Estado reconoce que estos taxis están en condición de indocumentación y les da una semana de plazo, contada desde la fecha de publicación del aviso, para que se pongan al día con sus papeles. Solo si no lo hacen, se amenaza con inmovilizaciones y sanciones.

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Circular oficial firmada por el director general Francisco Mesie Obama Eyang.

Mientras tanto, ¿qué pasa con los pasajeros? ¿Quién responde si uno de estos taxis sin seguro sufre un accidente? ¿Qué clase de seguridad vial se puede garantizar cuando el mismo organismo encargado de hacer cumplir las normas decide, en cambio, posponer su aplicación?

La circular ni siquiera menciona el seguro obligatorio de circulación, una omisión tan grave como reveladora. ¿Es que el Estado no tiene mecanismos para verificar qué vehículos están asegurados y cuáles no? ¿O simplemente prefiere mirar hacia otro lado mientras se recaude algo de dinero, aunque sea tarde?

Este es el reflejo más claro de cómo funciona el régimen de Teodoro Obiang: leyes hay, sí, pero no se aplican. La legalidad es un papel mojado que solo sirve para justificar la represión cuando conviene. Para el resto, lo que hay es impunidad negociada.

En cualquier otro país, circular sin documentación supondría la inmovilización inmediata del vehículo y fuertes sanciones. En Guinea Ecuatorial, en cambio, se emite una circular casi rogando a los infractores que se acerquen con un poquito de por favor a pagar lo que deben.

Este tipo de medidas no solo socavan la autoridad del Estado, sino que ponen en riesgo a la ciudadanía y profundizan la percepción, fundada, de que en Guinea Ecuatorial, las leyes son un simple decorado.

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