Turismo bajo vigilancia en un Estado que lo prohíbe todo

El gobierno de Teodoro Obiang ha anunciado con entusiasmo la apertura de su primera oficina de información turística en el llamado aeropuerto internacional de Malabo. La medida, que a primera vista parecería un paso hacia la promoción del país como destino turístico, revela en realidad una profunda contradicción entre el discurso oficial y las condiciones reales que enfrentan los visitantes en un Estado donde el control absoluto y la vigilancia militar son norma.

La oficina fue instalada en la sala de recogida de equipajes, en el área de llegadas internacionales del aeropuerto de Malabo, según informa la prensa del régimen. El espacio tiene como objetivo, según fuentes del Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, orientar y facilitar el acceso a información útil para los turistas que pisan suelo guineoecuatoriano. Pero, más allá del cartel luminoso y los folletos plastificados, surge la pregunta esencial: ¿puede existir el turismo en un país donde cada movimiento de un extranjero debe ser autorizado y supervisado?

Desde la solicitud de visado, que exige cartas de invitación y largos trámites burocráticos, hasta la imposibilidad de moverse libremente entre ciudades sin ser interceptado por controles militares, el visitante en Guinea Ecuatorial no vive una experiencia turística, sino una travesía custodiada. No se trata de guías culturales, sino de guías políticos: elementos del aparato de seguridad que acompañan o vigilan, según el caso, cada paso del viajero.

Ante esta situción, hablar de desarrollo turístico no es solo una exageración: es una forma de maquillaje institucional. La militarización del territorio, la inexistencia de prensa independiente, las restricciones en el acceso a lugares «sensibles» y la opacidad del sistema judicial hacen inviable cualquier política seria de fomento del turismo. Es un turismo que exige permisos previos para tomar fotografías, que prohíbe sobrevolar ciertas zonas o visitar enclaves naturales si no se va acompañado por personal autorizado.

Y hay un dato que lo dice todo: en la torre de control del aeropuerto, el régimen ya tiene instalados a sus propios agentes, encargados de filtrar la información de quién entra y quién sale del país. Incluso antes de que el avión aterrice, el aparato represivo ya ha recibido los nombres de los pasajeros sospechosos o de interés político. Si ese es el nivel de vigilancia en un espacio técnico y cerrado, ¿cuánto más cabe esperar en una oficina pública de “información turística”, donde el contacto directo con los viajeros es constante?

¿Quién estará realmente al frente de esa oficina? ¿Un funcionario de turismo o un miembro camuflado del Ministerio de Seguridad? ¿Habrá folletos sobre rutas culturales o formularios para reportar comportamientos sospechosos?

Lejos de abrirse al mundo, el régimen parece más interesado en simular normalidad. Instalar una oficina de información turística en Malabo sin desmontar el aparato de control político y militar que asfixia al país, es como plantar una palmera artificial en mitad del cuartel.

El turismo es, por naturaleza, una invitación a descubrir, a explorar, a dialogar. Pero eso exige libertad de movimiento, de expresión, de pensamiento. Tres libertades que en Guinea Ecuatorial siguen atrapadas bajo la misma lógica de sospecha, vigilancia y represión que ha convertido al país en una prisión de puertas giratorias y a cielo abierto. No basta con decorar la entrada si lo que hay detrás es un Estado policial.