Surgen interrogantes en la supuesta licitación ganada por CYBERTEQ

En un contexto donde la comunicación efectiva es crucial, especialmente en un país como Guinea Ecuatorial, la noticia de que la empresa CYBERTEQ ha sido seleccionada para implementar una red de telefonía móvil podría ser recibida con optimismo por muchos. Sin embargo, tras analizar los detalles detrás de esta decisión, surgen importantes interrogantes que plantean dudas sobre la viabilidad y transparencia del proceso.

La asignación de la licitación para el despliegue de la red de telefonía móvil plantea interrogantes sobre la idoneidad de CYBERTEQ para llevar a cabo este proyecto. Siendo una consultoría especializada en soluciones cibernéticas y con sede en Singapur, su falta de experiencia en la implementación de redes de telefonía móvil plantea serias dudas sobre su capacidad para cumplir con los requisitos técnicos y operativos necesarios.

Tras consultar entendidos de las telecomunicaciones , es de suma necesidad aclarar los siguientes detalles:

• Los Dirigentes del Departamento de Telecomunicaciones establecen las políticas del Gobierno en los servicios de telecomunicaciones. Es decir, conceden las licencias a operadoras para la explotación de los servicios de telecomunicaciones y como consecuencia asignan el uso de dichas empresas el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. En este sentido hay dos tipos de licencias claramente definidas; las licencias globales y las licencias virtuales. En el caso especifico de Guinea Ecuatorial, tenemos a GETESA, GECOMSA y MUNI como operadoras con licencias globales concedidas. Luego, el resto de operadoras de telecomunicaciones son virtuales.
  
• Los dirigentes de un departamento ministerial o el Gobierno, en este caso, no tiene protestad de acometer una licitación para un despliegue de red de telefonía móvil. Ni puede intervenir en pruebas de ingeniería de una red de telefonía móvil.
  
• Solo las operadoras globales pueden acometer un despliegue físico de una red de telefonía móvil. Y, tienen la libertad de explotar el espectro radioeléctrico concedido en su caso para suministrar a sus clientes todos los servicios de telecomunicaciones con las mejores calidades posible. Mientras, las operadores virtuales solo podrían ofrecer servicios de Internet y de llamadas de voz.  

Además, el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial añade una capa adicional de complejidad a esta situación. Con empresas operadoras con licencias globales y virtuales claramente definidas, surge la pregunta de si CYBERTEQ está asociada con alguna de estas operadoras o si tiene la capacidad legal para llevar a cabo este proyecto por sí sola. La intervención del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, junto con el Vicepresidente de su padre, plantea preocupaciones sobre posibles motivaciones políticas o financieras detrás de esta decisión.

En última instancia, esta situación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública. Los ciudadanos merecen una explicación clara y completa sobre los criterios utilizados para seleccionar a CYBERTEQ y cómo se garantizará que el proyecto se lleve a cabo de manera eficiente y beneficiosa para la población en general.

La pregunta obligada es: cuando el Ministro de transportes y telecomunicaciones del Gobierno de Guinea Ecuatorial habla de presentar la documentación de la empresa CYBERTEQ que, supuestamente ha ganado la licitación para acometer el despliegue de una red de telefonía móvil en Guinea Ecuatorial, ¿la red de telefonía móvil esta de la que estamos hablando, será de que operadora global?

También cabe resalta aquí la intención del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en colaboración con el Vice-Presidente para sacar dinero de la tesorería del estado, justificar que van hacer lo que no les corresponde hacer, y por tanto obra que no harán.

En conclusión, mientras que la noticia de la licitación de una red de telefonía móvil en Guinea Ecuatorial podría haber sido recibida con optimismo, la falta de transparencia, la idoneidad de la empresa seleccionada y las posibles motivaciones ocultas de los líderes gubernamentales generan preocupaciones legítimas entre la población. No existe transparencia en la gestión de los asuntos públicos, y no se espera que aquellos que actualmente están al frente del país cumplan con la responsabilidad de garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de todos.