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Una carta abierta dirigida al Fiscal General cuestiona la reforma del artículo 112 de la Ley General de Trabajo, que reduce de 45 a 30 días por año de servicio la indemnización por antigüedad y reclama protección para los derechos generados antes del cambio legal.

Una orden de pago firmada por la Delegación Nacional del INSESO fue anulada y sustituida siete días después por otra con la firma añadida de Mari Paz Ayaba. Fuentes internas denuncian nóminas pendientes, incorporaciones irregulares de personal y la protección política de la interventora.