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Francia pone en venta el símbolo de los bienes mal adquiridos de Teodorín
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El hotel particular del 42 de la avenida Foch, en París, confiscado por la justicia francesa a Teodorín, será puesto en venta mediante un procedimiento de subasta. El inmueble, valorado en torno a los 100 millones de euros, forma parte del expediente de los llamados “bienes mal adquiridos”, una causa que durante años ha perseguido en Francia el patrimonio amasado por el hijo del dictador Teodoro Obiang Nguema.
La justicia francesa da un nuevo paso en uno de los expedientes más embarazosos para el régimen de Malabo. El lujoso hotel particular que perteneció a Teodoro Nguema Obiang Mangue, será puesto en venta por el Estado francés, según la información publicada por Franceinfo y recogida por medios franceses. El inmueble será vendido por lotes, con fases de candidaturas y ofertas, y está estimado en alrededor de un centenar de millones de euros.
El edificio, situado en el número 42 de la avenida Foch, una de las zonas más exclusivas de París, no es una propiedad cualquiera. Se trata de uno de los símbolos más visibles del saqueo convertido en lujo privado. Según Le Monde, el inmueble cuenta con 106 piezas, discoteca y hammam, y fue estimado en 107 millones de euros. Fue incautado en 2012 y posteriormente confiscado en 2020, tras la condena de Teodorín en Francia a tres años de prisión con suspensión de pena y 30 millones de euros de multa por abusos de confianza, abusos de bienes sociales, blanqueo y desvío de fondos públicos.
La venta llega después de una larga batalla judicial y diplomática entre Francia y Guinea Ecuatorial. Malabo intentó presentar el palacete como sede diplomática para impedir su confiscación, pero ese argumento fue rechazado. Sherpa, una de las organizaciones que impulsó el caso de los bienes mal adquiridos, recuerda que la Corte Internacional de Justicia no cuestionó la incautación del edificio y consideró que el inmueble nunca llegó a adquirir el estatus de “local de misión” diplomática.
El régimen de Obiang ha denunciado durante años una supuesta “injerencia” francesa, pero el fondo del caso sigue siendo el mismo; el hijo del jefe del dictador fue condenado por haber acumulado en Francia un patrimonio incompatible con la realidad de un país donde la mayoría de la población sigue viviendo entre carencias básicas, represión política y falta de servicios públicos dignos.
La legislación francesa prevé que el dinero obtenido por la venta de bienes confiscados en casos de corrupción no vaya al presupuesto del Estado francés, sino que sea restituido a las poblaciones afectadas. En este caso, los fondos deberían beneficiar al pueblo guineoecuatoriano mediante proyectos canalizados por organizaciones de la sociedad civil u organismos de desarrollo, precisamente para evitar que el dinero vuelva a las mismas manos que lo desviaron.
El problema, como han advertido organizaciones especializadas, es cómo garantizar que ese dinero llegue realmente a quienes fueron expoliados. Transparency International ha señalado las dificultades de una restitución transparente en un país marcado por la corrupción sistémica y por el control absoluto de las instituciones por parte del clan Obiang.
La futura venta del palacete de la avenida Foch no borra décadas de impunidad, pero representa un golpe simbólico contra la exhibición obscena de riqueza del heredero de facto del régimen. Mientras en Guinea Ecuatorial hospitales, escuelas y barrios enteros siguen abandonados, uno de los monumentos privados del saqueo familiar entra ahora en el circuito de la subasta pública.
El mensaje político es claro, lo que durante años fue presentado como poder, lujo y privilegio empieza a regresar al expediente que siempre le correspondió, el de los bienes mal adquiridos.
