La verborrea de Malabo ante la Eurocámara niega lo evidente y justifica lo injustificable

El régimen de Malabo ha querido adelantarse a la resolución que el Parlamento Europeo debatirá esta semana sobre las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y lo ha hecho con su vieja retórica de manual: negación, victimismo y cinismo institucionalizado. Según la nota difundida y recogida por Europa Press, el Gobierno asegura que los detenidos, entre ellos los dos ciudadanos españoles arrestados en el marco de la llamada “Operación TDT”, “no sufren malos tratos” y que, además, “están implicados en una trama internacional de corrupción”.

Nada nuevo bajo el sol ecuatorial. Cuando el poder se siente acorralado por la evidencia, convierte a las víctimas en culpables y a la tortura en “investigación judicial”. Mientras Bruselas prepara su pronunciamiento, el Ministerio de Exteriores de Teodoro Obiang se apresura a hablar de “trato digno y humanitario”, como si las celdas de Black Beach fueran centros de meditación y no de tormento.

El comunicado oficial añade que los acusados “gozan de todos sus derechos consulares” y que “el proceso se ajusta plenamente a las leyes nacionales”. Es cierto: se ajusta a las leyes de un país donde son capricho de los poderosos y la justicia solo funciona cuando conviene al clan familiar. Para justificar lo injustificable, Malabo apela al viejo argumento del “doble rasero europeo”:

“Cuando la justicia africana actúa, se invocan los Derechos Humanos; pero cuando los mismos hechos ocurren en Europa, se habla de respeto institucional.”

El régimen confunde la justicia con la obediencia y el respeto institucional con el silencio cómplice. En Guinea Ecuatorial, ningún tribunal se atreve a dictar sentencia sin el visto bueno del vicepresidente o del círculo que controla la vida política, económica y hasta sentimental del país.

Las organizaciones internacionales llevan años documentando lo que Malabo niega: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y juicios sin garantías. Human Rights Watch y Amnistía Internacional coinciden en que la tortura es práctica habitual, los juicios son farsas procesales y los defensores de derechos humanos son encarcelados o expulsados.

El abogado Anacleto Micha Ndong, detenido violentamente y torturado en marzo de 2024, sigue en paradero desconocido. Tras haber sido trasladado desde Black Beach, las autoridades se niegan a informar dónde se encuentra, y su caso es considerado por Amnistía Internacional como una desaparición forzada, símbolo del miedo institucionalizado que rige el país.

La prisión de Black Beach es conocida internacionalmente por condiciones inhumanas, celdas sin ventilación, comida en mal estado, ausencia de atención médica y visitas restringidas, pero en el caso de los españoles secuestrados en Juba en 2019, Julio Obama Mefuman y Feliciano Efa, fueron trasladados directamente a la prisión de Oveng Azém, en Mongomo. Obama Mefuman murió bajo custodia en enero de 2023. ¿También era “corrupto”?

La hipocresía del régimen llega al extremo de acusar a quienes denuncian la tortura de ser parte de “tramas internacionales”. Sin embargo, la verdadera trama es la que une el robo sistemático de fondos públicos, la corrupción del clan familiar y el miedo impuesto a toda una nación. Los que lavan dinero viajan en jets privados; los que lo denuncian, acaban en celdas oscuras.

Guinea Ecuatorial ocupa los primeros lugares del continente en corrupción y desigualdad. Mientras los ingresos del petróleo enriquecen a unos pocos, la población vive sin agua potable, sin libertad y sin esperanza. Los mismos que ahora hablan de “transparencia judicial” son los que convirtieron la justicia en un instrumento de represión.

Así responde Malabo a Bruselas: con verborrea hueca, con soberbia de quien se sabe impune y con la lengua de quien ha hecho del engaño su política exterior. Mientras tanto, en las cárceles del país, los presos siguen esperando lo que el régimen no puede ofrecer: justicia, verdad y humanidad.