El nuevo plan de justicia de Malabo: promesas de ley, prácticas de impunidad

El Servicio de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial acaba de publicar un comunicado para ensalzar un ambicioso plan de acción para la justicia. Presentado el 6 de octubre por el ministro Reginaldo Biyogo Ndong (Justicia, Cultos y Derechos Humanos), este plan pretende «acercar la justicia a los ciudadanos» y consolidar un «Estado de derecho sólido», según los elogios del primer ministro Manuel Osa Nsue.

Por OLBIF

El plan, detallado en Ntobo, Bata, es una larga lista de buenas intenciones: «formación especializada de los jueces», «digitalización de los registros judiciales», «lucha por la erradicación de la delincuencia y la violencia juvenil» e incluso «la reactivación de las escuelas primarias en los centros penitenciarios» (Riaba y Teguete).

El primer ministro Osa Nsue aplaudió «el enfoque estructurado y social del plan», afirmando que el Gobierno está «comprometido con poner en marcha una administración pública mejor coordinada y más centrada en las personas».

Sin embargo, para cualquiera que siga la actualidad en Malabo, estas declaraciones suenan a puro maquillaje. ¿Cómo hablar de «respeto a la dignidad humana» y de «promoción activa de los derechos humanos» cuando el propio aparato del Estado es la primera máquina de triturar las libertades individuales? El régimen, conocido más por el nepotismo y el enriquecimiento ilícito de su minoría gobernante, pretende de repente hacer de la legalidad su nuevo credo.

Detrás de la «primera fase de iniciativas legislativas» y de los otros diez objetivos sobre la mesa, la única pregunta que se hace el pueblo es la de su aplicación real. ¿Puede el sistema judicial, ampliamente percibido como un instrumento al servicio de la familia dirigente, modernizarse de verdad sin una auténtica voluntad de romper con la impunidad?

Nos hablan de «consolidar un sistema más eficaz», pero ¿no ha significado hasta ahora esa eficacia la capacidad de silenciar toda crítica? Como dice el proverbio de nuestra tierra, «el cocodrilo no rechaza el agua que ya ha bebido». ¿Será capaz el régimen de aplicarse a sí mismo la «reglamentación más estricta» que promete?

Este nuevo plan de justicia de Malabo es un documento técnicamente perfecto, lleno de objetivos acordes con los compromisos internacionales. Pero mientras la justicia siga al servicio de quienes se enriquecen a costa de la miseria popular, esas líneas de acción no serán más que un castillo de naipes administrativos. La verdadera mejora del sistema judicial guineoecuatoriano no vendrá de una base de datos ni de un registro digitalizado, sino del día en que el poder acepte renunciar a su inmunidad y permita que la ley se aplique a todos, incluidos los ocupantes del Palacio.

Sin ese coraje político, este enésimo plan seguirá siendo una simple hoja de papel, destinada, como sus predecesores, a fracasar en su intento de hacer la justicia más cercana, más justa y menos intimidante para el ciudadano común.