El ex primer secretario de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España, Jesús Javier Mesian, sigue detenido en la Gendarmería de Malabo un mes y cinco días después de su aprehensión, sin haber sido presentado ante un tribunal. Este hecho plantea serias preocupaciones sobre el respeto a los principios fundamentales del debido proceso y los derechos humanos.
Según el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, «nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». Además, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Guinea Ecuatorial es signatario, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas. La detención prolongada de Mesian sin presentación ante un juez viola estos principios básicos del derecho internacional.
Las acusaciones contra Mesian se basan únicamente en los informes presentados por el embajador Miguel Edjang Angué, quien ha sido llamado a consultas, y en un supuesto audio que implica a Lucas Nguema Esono Mbang como autor intelectual. La falta de transparencia y la ausencia de pruebas contundentes levantan serias dudas sobre la legitimidad del proceso y la integridad de las acusaciones.
Jesús Javier Mesian debería haber sido presentado ante un juez en un plazo razonable, conforme al principio de habeas corpus, que protege a los individuos contra detenciones arbitrarias. Sin embargo, en este caso, parece que las normas legales están siendo ignoradas deliberadamente.
Esto no solo es una violación de los derechos de Mesian, sino también un reflejo de un sistema judicial que opera bajo influencias políticas y no bajo el imperio de la ley.
¿Qué es lo que espera el régimen de Teodoro Obiang para juzgarlo y condenarlo? ¿Es necesario esperar a que el vejestorio sátrapa vuelva a cumplir años para que lo indulte, como sucedió con el ex ministro de Justicia Rubén Maye? Este patrón de comportamiento sugiere una falta de compromiso con el estado de derecho y una tendencia a utilizar el poder judicial como una herramienta de control político.
Los organismos competentes y defensores de los derechos humanos deben prestar atención a este caso y dar solución a que se respeten los derechos legales de los ciudadanos. Es fundamental que se garantice un juicio justo, transparente y conforme a los estándares internacionales para asegurar la justicia y la integridad del sistema judicial en Guinea Ecuatorial.
