La dictadura de Guinea Ecuatorial ha transformado el país en una máquina lucrativa al servicio exclusivo de la familia de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su círculo cercano. Bajo el disfraz de políticas públicas y proyectos de desarrollo, los recursos nacionales han sido saqueados de manera sistemática para enriquecer a una élite que ha consolidado su poder mediante el control absoluto de las instituciones del Estado.
Ejemplo tras ejemplo, se evidencia cómo el patrimonio público ha sido privatizado para beneficio personal. GEPetrol, la principal empresa estatal de hidrocarburos, está obligada a alquilar viviendas pertenecientes a Constancia Mangue, una de las esposas del dictador, por un millón de euros al mes. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado paga alquileres exorbitantes por usar propiedades de Armengol Ondo Nguema, hermano del presidente, a pesar de que existen espacios vacíos en edificios públicos como el Palacio de Justicia.
El patrón se repite con el fallido proyecto Horizonte 20/20, cuya dirección opera desde un hotel del pederasta Nacional, Teodoro Biyogo, cuñado del sátrapa, alquilado a 30 millones de francos CFA mensuales. Igualmente, la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda opera en una vivienda de Omumuan Ondo, hermana del presidente, a 25 millones mensuales, mientras espacios en ministerios como Hacienda permanecen desocupados. Cada caso revela una estrategia para desviar recursos públicos hacia manos privadas.
La corrupción se extiende incluso a los servicios básicos. El ITV, construido con fondos estatales para operar en Malabo, fue transferido a Constancia Mangue, quien ahora cobra 40 millones mensuales en alquiler. Además, los ciudadanos deben viajar hasta Baney, donde se han instalado negocios vinculados a la familia presidencial. Este esquema, disfrazado de descentralización, no es más que un mecanismo para monopolizar los beneficios.
El sistema financiero también está capturado. El banco BANGE, que debería ser un motor para la economía nacional, paga 120 millones mensuales en alquiler por un edificio propiedad de Ignacio Milang Tang, amigo cercano de Obiang. Lo irónico es que este edificio fue construido con un crédito del propio banco, nunca amortizado. Al mismo tiempo, infraestructuras como el antiguo BEAC permanecen inutilizadas, reflejando el desprecio por el uso eficiente de los recursos nacionales.
La entrega de la soberanía económica es igualmente alarmante. Los aeropuertos del país están bajo un contrato de concesión con una empresa kuwaití que asegura el 70% de los beneficios para el contratista, dejando al Estado con apenas un 30%. Este modelo de explotación se replica con los puertos nacionales, cuyo control se planea ceder a una empresa turca en condiciones similares. Estos acuerdos, que comprometen las infraestructuras estratégicas del país, subrayan la falta de visión y la avaricia de un régimen que sacrifica el bienestar colectivo por ganancias personales.
En lugar de garantizar el desarrollo, el régimen de Teodoro Obiang ha institucionalizado la corrupción y el abuso de poder. El Parlamento, en lugar de fiscalizar y proteger los intereses de la población, se ha convertido en un cómplice pasivo, incapaz de frenar los excesos del régimen. Mientras tanto, la televisión estatal evita cualquier transparencia al no divulgar contratos ni justificar los actos de un gobierno que se comporta más como una empresa privada que como un Estado.
Esta dictadura lucrativa no solo hipoteca el presente, sino también el futuro de Guinea Ecuatorial. La acumulación de riqueza por parte de una minoría privilegiada se da a costa de la mayoría, sumida en la pobreza y sin acceso a los beneficios que deberían derivarse de los vastos recursos naturales del país. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo podrá mantenerse este saqueo desenfrenado sin consecuencias?
