En Guinea Ecuatorial, la seguridad pública está bajo constante amenaza, no solo por la ausencia de regulaciones en el transporte de materiales peligrosos, sino también por el estado deplorable de la infraestructura eléctrica. Estos problemas, que deberían ser prioridades básicas para cualquier gobierno comprometido con el bienestar de su población, reflejan la negligencia y la incapacidad del régimen de Malabo para garantizar la seguridad y protección de sus ciudadanos.Un ejemplo reciente y preocupante se vivió en una gasolinera, donde un camión lleno de bombonas de gas cargaba combustible sin ninguna medida de seguridad.
Este tipo de prácticas, normalizadas por la falta de controles, exponen a la población a tragedias evitables. Escenarios similares incluyen vehículos particulares repletos de bombonas de gas que circulan sin extintores y transportes públicos llenos de pasajeros cargando combustible. Estas actividades, que en cualquier país con regulaciones estrictas serían impensables, son parte de la vida diaria en Guinea Ecuatorial, donde la desidia gubernamental pone en riesgo constante a la población.
El reciente incendio en Sampaka es un recordatorio trágico de las consecuencias de esta negligencia. Mientras tanto, el gobierno sigue sin implementar las leyes y medidas necesarias para regular el transporte de materiales peligrosos. Los ministerios responsables permanecen en silencio, como si la seguridad de los ciudadanos no fuera su responsabilidad, demostrando una falta de liderazgo que bordea lo criminal.
A esta crisis de seguridad en el transporte se suma el abandono alarmante de la infraestructura eléctrica. En Malabo, alrededor del 70% de los transformadores eléctricos están en un estado deplorable: abiertos y expuestos, con paneles destruidos que permiten el acceso directo al interior. Esta falta de protección convierte a estos equipos en trampas mortales, especialmente para los niños que podrían acceder a ellos fácilmente.
Las condiciones alrededor de estos transformadores agravan aún más la situación. Basura acumulada, hojas secas y residuos plásticos rodean estas instalaciones, incrementando el riesgo de incendios. Es evidente que no hay ninguna planificación ni supervisión para el mantenimiento básico de esta infraestructura vital. Las fallas eléctricas son constantes, y el peligro de accidentes fatales es una amenaza latente.
El régimen de Malabo demuestra una y otra vez su incapacidad para priorizar la seguridad y el bienestar de su población. Mientras se dedica a proteger los privilegios de una élite reducida, el ciudadano promedio enfrenta un entorno cada vez más peligroso. La ausencia de regulaciones claras, de supervisión efectiva y de mantenimiento básico de infraestructura esencial no es solo un signo de incompetencia; es una muestra de la indiferencia absoluta hacia las vidas humanas.
Es hora de que las autoridades guineanas asuman su responsabilidad. La implementación de medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad pública no puede seguir siendo ignorada. Estas medidas deben incluir la regulación estricta del transporte de materiales peligrosos, la instalación de barreras y cerraduras en los transformadores eléctricos, y la limpieza y mantenimiento regular de las áreas circundantes.
La seguridad pública no es un lujo, es un derecho fundamental. Sin embargo, en Guinea Ecuatorial, este derecho está siendo constantemente violado por un gobierno que prioriza su supervivencia política sobre la protección de su población. Los ciudadanos no pueden seguir siendo víctimas de un sistema que los desampara; es imprescindible exigir responsabilidades a quienes tienen en sus manos la gestión de la nación. Si el régimen no actúa ahora, las tragedias seguirán acumulándose, y el precio será pagado con vidas humanas.
