Escándalo de los permisos de conducir y la guerra entre ladrones del régimen

La suspensión del director general de Tráfico y de los delegados regionales por el negocio sucio de los permisos y las matrículas no revela un súbito despertar moral del poder en Malabo, sino otra pelea interna por el control del botín en un sistema donde robar solo se castiga cuando alguien deja de alimentar a los de arriba.

Por OLBIF

Según una información difundida este 10 de abril por AHORA EG, página al servicio del régimen, y replicada por la propia web institucional del Gobierno, Teddy ordenó la suspensión inmediata del director general de Tráfico, Rodado y Seguridad, de los delegados regionales y de sus secretarias, después de que la Gendarmería expusiera un presunto circuito paralelo para producir y vender permisos de conducir y placas de matriculación. La versión oficial habla de “irregularidades”. En términos más claros, lo que aflora es otra pieza del saqueo cotidiano convertido en rutina administrativa.

Siempre según ese relato oficial, la trama habría operado desde 2021 al margen del canal estatal previsto para estos servicios. En lugar de recurrir a la entidad oficial, los responsables habrían trabajado con una imprenta privada, controlando la fabricación y la venta de documentos que afectan de lleno a miles de ciudadanos obligados a pasar por caja cada vez que el sistema decide estrecharles más el cuello.

El negocio, por lo visto, era demasiado tentador como para dejarlo pasar. En Malabo, una placa comprada por 5.000 francos CFA se revendía por 35.000. Una parte, según los implicados, iba al Tesoro; el resto se repartía entre quienes manejaban la operación. En Bata, ni siquiera esa coartada habría hecho falta, porque la sospecha es que allí se quedaban con todo. No estamos ante una desviación excepcional del sistema. Estamos ante el sistema mismo, funcionando como fue diseñado, cada despacho rentable convertido en caja privada del funcionario que lo ocupa.

Todavía más revelador es el recorrido de la propia documentación. La validez del permiso oficial, que debía durar diez años, fue recortándose hasta desembocar en permisos de un solo año. Cuanto más breve la vigencia, más veces debía regresar el ciudadano a pagar. Y cuanto más obligado el regreso, más rentable la ventanilla. En un país serio eso habría provocado una investigación independiente desde el primer día. En Guinea Ecuatorial, en cambio, solo parece haberse convertido en problema cuando la cadena de reparto empezó a fallar.

Por eso conviene no dejarse impresionar por la escenificación. La suspensión de hoy no prueba que exista una lucha real contra la corrupción. Prueba, más bien, que dentro del engranaje también hay disputas por el reparto del dinero. En el feudo de los Obiang no cae el ladrón por robar, sino por robar mal, por compartir poco o por dejar de ser útil.

El régimen intenta vender esta operación como señal de firmeza, pulso institucional y limpieza administrativa. Pero cuesta hablar de limpieza cuando quienes dicen combatir la podredumbre gobiernan sobre ella desde hace décadas. La corrupción en Guinea Ecuatorial no es una avería del sistema: es una de sus formas de gobierno.

Lo ocurrido en Tráfico no debería leerse como una excepción, sino como una ventana abierta a la manera en que se administra el país. Se castiga al fusible, se protege la estructura y se ofrece al público el espectáculo de una justicia selectiva. Al final, los mismos que convirtieron el Estado en botín pretenden presentarse como guardianes de la legalidad. No es un juicio contra la corrupción. Es una disputa entre cómplices por el control de la caja.