La Voz de Los Sin Voz
Entre pactos con el FMI, reformas a medida y silencio oficial, mientras se prepara la sucesión.
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Días después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicara un informe que expone cómo más de 100 millones de dólares fueron desviados hacia una empresa controlada por el vicepresidente Teddy, el gobierno de Guinea Ecuatorial permanece en un silencio absoluto. La revelación coincide con un momento clave: el régimen busca recomponer su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prepara, en la sombra, el camino hacia unas elecciones presidenciales en las que el “heredero” pretende consolidar su ascenso al poder.
Desde hace meses, Malabo intenta proyectar una imagen de apertura ante los organismos internacionales. Se anuncian reformas fiscales, se habla de transparencia y hasta se mencionan esfuerzos por diversificar la economía. Sin embargo, los documentos revelados por el ICIJ echan por tierra ese discurso: mientras se multiplican los gestos para recuperar credibilidad, quienes controlan el poder siguen saqueando las arcas del Estado con total impunidad.
El caso de Socagex es ilustrativo. Según el ICIJ, se trata de una empresa privada que recibió al menos 100 millones de dólares en contratos opacos con el Estado, destinados supuestamente al alquiler de edificios construidos con fondos públicos. Todo el entramado está vinculado a Teodorín, quien no solo figuraba como beneficiario final de la sociedad, sino que además controlaba directamente su operativa. En otras palabras: dinero público acababa, una vez más, en los bolsillos del clan dictatorial.
Este escándalo llega cuando la figura de Teodorín se consolida como la opción sucesoria más evidente. Aunque oficialmente no se ha anunciado candidatura alguna, la maquinaria del régimen lleva tiempo trabajando para allanar su camino. Su nombramiento como vicepresidente primero, los poderes delegados por su padre y el protagonismo mediático que acapara no dejan margen a la duda: todo apunta a una transición dinástica cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, el régimen se dedica a escenificar poder fuera de nuestras fronteras. En los funerales del Papa Francisco, el tirano fue representado en el Vaticano por su esposa, la “primera en todo”, y un nutrido grupo de aduladores que acompañan a Teodorín como claque oficial para los aplausos de borregos. Mientras ellos se prestaban al teatro internacional, el propio Obiang, encerrado en Malabo con su círculo más cercano, se dedicaba a retocar la Constitución a medida de la sucesión.
El problema es que el “heredero” arrastra una larga estela de procesos judiciales por corrupción, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Lo condenaron en Francia; Estados Unidos le confiscó bienes millonarios; y su estilo de vida ha sido objeto de escándalos internacionales. Y sin embargo, en Malabo se le sigue blindando políticamente. El silencio del régimen ante esta última revelación no es un olvido: es una forma de protección activa. Reconocer el escándalo significaría cuestionar el futuro político de quien ya se comporta como jefe de Estado en funciones.
La ciudadanía, como siempre, queda al margen. La mayoría vive sin acceso a servicios básicos, sin empleo digno y sin garantías mínimas. Los hospitales se caen a pedazos, las escuelas están colapsadas, y el sistema judicial funciona al servicio del poder. Las oportunidades de participación política son nulas, y cualquier intento de crítica, ya sea desde los medios, la universidad o la sociedad civil, se paga con represión o exilio.
Mientras tanto, el FMI evalúa una posible reactivación de programas de asistencia financiera. ¿En qué condiciones? Esa es la gran pregunta. Porque si el organismo acepta sentarse a la mesa con un régimen que permite este tipo de desfalcos sin exigir responsabilidades claras, corre el riesgo de convertirse en cómplice de la impunidad. Y de traicionar a una población que, desde hace cuatro décadas, espera algo más que promesas.
Apenas unos días después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicara un informe que expone cómo más de 100 millones de dólares fueron desviados hacia una empresa controlada por Teodoro Nguema Obiang Mangue, el gobierno de Guinea Ecuatorial permanece en un silencio absoluto. La revelación coincide con un momento clave: el régimen busca recomponer su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prepara, en la sombra, el camino hacia unas elecciones presidenciales en las que el “heredero” pretende consolidar su ascenso al poder.
Desde hace meses, el Ejecutivo intenta proyectar una imagen de apertura ante los organismos internacionales. Se anuncian reformas fiscales, se habla de transparencia y hasta se mencionan esfuerzos por diversificar la economía. Sin embargo, los documentos revelados por el ICIJ echan por tierra ese discurso: mientras se multiplican los gestos para recuperar credibilidad, quienes controlan el poder siguen saqueando las arcas del Estado con total impunidad.
El caso de Socagex es ilustrativo. Según el ICIJ, se trata de una empresa privada que recibió al menos 100 millones de dólares en contratos opacos con el Estado, destinados supuestamente al alquiler de edificios construidos con fondos públicos. Todo el entramado está vinculado a Teodorín, quien no solo figuraba como beneficiario final de la sociedad, sino que además controlaba directamente su operativa. En otras palabras: dinero público acababa, una vez más, en los bolsillos del clan presidencial.
Este escándalo llega cuando la figura de Teodorín se consolida como la opción sucesoria más evidente. Aunque oficialmente no se ha anunciado candidatura alguna, la maquinaria del régimen lleva tiempo trabajando para allanar su camino. Su nombramiento como vicepresidente primero, los poderes delegados por su padre y el protagonismo mediático que acapara no dejan margen a la duda: todo apunta a una transición dinástica cuidadosamente orquestada. Mientras tanto, el régimen se dedica a escenificar poder fuera de nuestras fronteras. En los funerales del Papa Francisco, el tirano fue representado en el Vaticano por su esposa —la “primera en todo”— y un nutrido grupo de aduladores que acompañan a Teodorín como claque oficial para los aplausos de borregos. Mientras ellos se prestaban al teatro internacional, el propio Obiang, encerrado en Malabo con su círculo más cercano, se dedicaba a retocar la Constitución a medida de la sucesión.
El problema es que el “heredero” arrastra una larga estela de procesos judiciales por corrupción, blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. Lo condenaron en Francia; Estados Unidos le confiscó bienes millonarios; y su estilo de vida ha sido objeto de escándalos internacionales. Y sin embargo, en Malabo se le sigue blindando políticamente. El silencio del régimen ante esta última revelación no es un olvido: es una forma de protección activa. Reconocer el escándalo significaría cuestionar el futuro político de quien ya se comporta como jefe de Estado en funciones.
La ciudadanía, como siempre, queda al margen. La mayoría vive sin acceso a servicios básicos, sin empleo digno y sin garantías mínimas. Los hospitales se caen a pedazos, las escuelas están colapsadas, y el sistema judicial funciona al servicio del poder. Las oportunidades de participación política son nulas, y cualquier intento de crítica —ya sea desde los medios, la universidad o la sociedad civil— se paga con represión o exilio.
Mientras tanto, el FMI evalúa una posible reactivación de programas de asistencia financiera. ¿En qué condiciones? Esa es la gran pregunta. Porque si el organismo acepta sentarse a la mesa con un régimen que permite este tipo de desfalcos sin exigir responsabilidades claras, corre el riesgo de convertirse en cómplice de la impunidad. Y de traicionar a una población que, desde hace décadas, espera algo más que promesas.
“Mientras el régimen negocia con el FMI, quienes controlan el poder siguen saqueando el país con total impunidad.”
Radio Macuto
