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Según ha publicado el diario El País, el Tribunal Supremo de España ha rechazado ceder a Guinea Ecuatorial la jurisdicción del caso que investiga el secuestro y las torturas de cuatro opositores, entre ellos dos ciudadanos españoles, perpetrados en 2019 en Sudán del Sur. Entre los acusados figura Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador Teodoro Obiang, junto a otros altos cargos del régimen.
Los magistrados consideran que el intento de trasladar el procedimiento a Malabo no tiene garantías mínimas de justicia, y señalan la falta total de cooperación de Guinea Ecuatorial en la causa. Recuerdan que las autoridades del país africano se negaron a repatriar los restos de uno de los opositores españoles fallecido en prisión, impidieron el acceso consular y bloquearon cualquier visita o información sobre la situación de los detenidos.
El Supremo subraya, además, la conexión territorial con España: el engaño a las víctimas se produjo en Madrid, donde fueron citadas para supuestos trámites, antes de ser trasladadas en el avión presidencial hasta Malabo. Los jueces advierten de que una eventual investigación en Guinea Ecuatorial solo serviría para garantizar la impunidad de los acusados, en un sistema judicial sometido al control del propio régimen.
Con esta decisión, el tribunal español respalda la competencia de la Audiencia Nacional, que instruye la causa bajo la dirección del juez Santiago Pedraz. Se abre así la vía para que continúen las diligencias, incluidas posibles órdenes de detención internacionales contra los responsables de un crimen que, a juicio de los magistrados, no puede quedar sin castigo.
El fallo supone un revés para los intentos de la dictadura de Malabo de blindar a sus responsables ante crímenes de secuestro, torturas y desapariciones forzadas. La justicia española ha dejado claro que la impunidad no puede ser la salida para quienes utilizan los aparatos del Estado como herramienta de represión contra la disidencia.