El Estado que no educa, ahora también prohíbe celebrar

Según la Orden Ministerial nº 2/2025, fechada el 9 de julio y firmada por el Ministro de Estado de Educación, Ciencia, Enseñanza Profesional y Deportes, Clemente Engonga Nguema Onguene, el Gobierno de Teodoro Obiang ha prohibido tajantemente las ceremonias de graduación en los centros públicos del país, y ha limitado severamente su realización en los centros privados, bajo el argumento de que dichas celebraciones “se han convertido en un negocio lucrativo”.

El documento, dirigido a directores, inspectores distritales y regionales, así como a coordinadores pedagógicos, impone un plazo inmediato de aplicación y advierte que cualquier incumplimiento podrá acarrear sanciones que van desde el apercibimiento hasta la separación definitiva del servicio. En el caso de los centros privados, se fija un coste máximo de 5.000 francos CFA para los atuendos académicos, y se recalca que ningún alumno podrá ser excluido por no participar en la ceremonia. En los centros públicos, simplemente se prohíbe todo tipo de celebración, sin excepciones.

La medida revela, una vez más, la lógica autoritaria de un sistema que responde con represión administrativa a los síntomas del abandono estatal. Mientras los colegios intentan mantener cierta dignidad simbólica en medio del colapso educativo, el Ministerio opta por prohibir en lugar de apoyar. La propia orden reconoce que estas ceremonias eran una práctica extendida, pero en lugar de regularlas de forma constructiva, el Estado opta por borrarlas del mapa, como si el problema fuese el birrete y no la decadencia de las aulas.

No es un secreto que muchas de estas celebraciones se organizaban porque el propio Ministerio no entrega certificados a tiempo, no valida títulos y ni siquiera responde con puntualidad a las gestiones administrativas básicas. Con esta nueva norma, el régimen vuelve a centralizarlo todo: ni los directores de colegios públicos ni los de privados podrán firmar certificados. Todo deberá pasar por la llamada “Autoridad competente” del Ministerio, ese ente sin rostro que hace esperar meses, o años, por una simple hoja firmada.

A cambio, el Estado no ofrece ninguna solución estructural. Ni libros, ni pupitres, ni profesores bien pagados. Solo advertencias. La orden ministerial llega incluso a amenazar con la suspensión del funcionamiento de centros privados reincidentes y con retenciones salariales para quienes la incumplan. Lo importante no es educar, sino controlar.

Resulta especialmente hipócrita que un régimen que organiza fastuosos desfiles, dudosas fechas onomásticas y espectáculos oficiales en cada efeméride prohíba a sus propios estudiantes celebrar el final de un ciclo escolar.

El Estado no educa. Y ahora, además, prohíbe celebrar que otros lo intenten.

El Ministerio de Educación no ha dicho una sola palabra sobre cómo mejorar el nivel académico, garantizar la formación del profesorado o dotar de recursos a los centros públicos. Prefiere ensañarse con los que tratan de mantener un mínimo de ilusión entre los alumnos.