El «caso TDT» es una fisura muy grande dentro de la dictadura más longeva


En Guinea Ecuatorial, el régimen de Teodoro Obiang no es un gobierno; es una mafia con bandera, un sindicato del crimen que ha convertido el saqueo en política de Estado. El caso TDT no es un escándalo más: es la metástasis de un sistema que ya no puede ocultar su putrefacción. Y el hedor es tan nauseabundo que hasta los murciélagos de Malabo empiezan a volar en dirección contraria a la habitual, ya van mar a dentro.

El núcleo del caso TDT no es solo la cifra astronómica desviada —10.600 millones de XAF (XCFA), un monto que incluso al FMI, habituado a bailar con dictaduras, le quita el sueño—, sino quiénes están detrás. En el centro de la tormenta está Jerónimo Osa Osa Ecoro, hasta hace poco Secretario General del PDGE y principal sospechoso del desfalco. ¿Su coartada? Ya nos enteraremos; pero, de estar al frente del Ministerio de Información, la misma institución que sirvió como pantalla para desviar fondos públicos,no podrá negar. No es ironía, es el modus operandi de un régimen donde los ministerios no administran, sino que saquean.

Osa Osa Ecoro no es un burócrata cualquiera. Su «reafectación» al Ministerio de Información tras dejar la Secretaría General del PDGE no fue un ascenso, sino una maniobra para controlar el flujo de información y enterrar pruebas. Bajo su gestión, el ministerio se convirtió en una caja negra donde se falsificaron contratos, se maquillaron informes y se lavaron facturas por valor de miles de millones.

Junto a Osa Osa Ecoro, la trama incluye a Jesús Cantero Nsegue, alias Boney, detenido en la Gendarmería y vinculado al envío de cinco millones de euros a España para manipular el Caso King; un exministro de Telecomunicaciones; y la hija de Agustín Nse Nfumu, el Goebbels del PDGE, cuya caída en desgracia revela que hasta la familia propagandística del régimen tiene las manos manchadas. Y muchos más…

Pero lo que realmente desnuda la crisis es la implosión del PDGE, el partido único que durante décadas es el teatro donde se escenificaba la lealtad a Teodoro. Que su exsecretario general —y hombre de confianza del dictador— sea el cerebro de un desvío récord no es un error: es la prueba de que la cleptocracia ya no distingue entre cómplices y víctimas. El PDGE no es un partido; es una cueva de ladrones donde hasta los guardianes roban.

Mientras tanto, Teodoro Obiang, como un emperador distante, mendiga créditos al FMI para pagar nóminas ignorando que el dinero que pide, es migajas comparado con lo que su clan esconde. El caso TDT no es un accidente: es el síntoma terminal de una dictadura que, tras 45 años, solo sabe devorarse a sí misma. Cada detenido es un secreto que estalla; cada confesión arrancada bajo tortura, un nuevo agujero en el casco del barco que se hunde.

Guinea Ecuatorial está al borde del abismo. El caso TDT no es solo un escándalo: es el reflejo de un régimen que ya no puede ocultar su necrosis. Que Osa Osa Ecoro, exnúmero dos del PDGE y zar de la desinformación, sea el principal sospechoso, no es una casualidad: es la confirmación de que la dictadura se sostiene sobre mentiras, y las mentiras tienen fecha de caducidad. Occidente, cómplice por omisión, sigue financiando a un gobierno que usa su dinero para comprar silencio. Pero cuando hasta los verdugos empiezan a delatar, ni el FMI ni las embajadas podrán salvar a Obiang de su propio pueblo. La pregunta ya no es si caerá, sino cuánto tardará la historia en juzgar a quienes convirtieron un país en una guarida de ladrones.

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