El caso Kokorev confirma la complicidad del régimen de Malabo en el saqueo de fondos públicos

La reciente decisión de la justicia española de no enviar nuevamente a prisión a Vladimir Kokorev, empresario acusado de blanquear más de 100 millones de dólares del dinero público de Guinea Ecuatorial, deja aún más claro que la corrupción en el país no solo es tolerada, sino organizada desde «la superioridad».

Según la Fiscalía Anticorrupción española, Kokorev y su familia se encargaron durante años de gestionar operaciones de compra de material militar para Guinea Ecuatorial, inflando los precios para quedarse con la diferencia. Ese dinero acababa en cuentas bancarias en el extranjero, vinculadas a altos cargos de Malabo. A través de una red de más de 45 empresas pantalla, muchas en paraísos fiscales, los Kokorev acumularon un patrimonio inmobiliario de más de 70 millones de euros, sobre todo en Canarias.

En uno de los escritos de acusación, la Fiscalía explica que “los pagos efectuados a favor de altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial se camuflaban mediante contratos ficticios y sociedades interpuestas, en un esquema que tenía por finalidad enmascarar el origen ilícito de los fondos públicos desviados”.

Durante la investigación, el juez José de la Mata fue todavía más claro: “la red de blanqueo actuó con pleno conocimiento y consentimiento de las más altas autoridades guineoecuatorianas, cuya tolerancia y cobertura institucional permitieron durante años el vaciamiento sistemático de los recursos del Estado”. Para él, no se trataba de unos cuantos negocios sucios aislados, sino de una estrategia planificada para robar al país con apariencia de legalidad.

A pesar de todas estas pruebas, el caso ha terminado con un acuerdo de conformidad entre las partes. Kokorev no volverá a prisión. Y en Guinea Ecuatorial, ninguno de los responsables políticos implicados ha sido investigado, ni se espera que lo sean. Al contrario, las autoridades de Malabo han defendido al empresario, diciendo que sus actividades estaban autorizadas y eran legales.

Este tipo de decisiones confirman lo que ya todo el mundo sabe: en Guinea Ecuatorial no hay una verdadera lucha contra la corrupción. Lo que hay es un sistema en el que solo se castiga a quienes se enriquecen sin permiso. Si no se comparte con el vicepresidente de su padre o si alguien gana demasiado poder, entonces sí se abre una investigación. De lo contrario, todo queda en silencio.

Los casos recientes de encarcelamientos por supuestos delitos económicos no son parte de ninguna limpieza del sistema. Son ajustes de cuentas entre los de arriba. Y para salir de la cárcel, hay que pagar sumas millonarias. Es una corrupción con tarifa oficial.

Mientras tanto, la gente sigue viviendo en la pobreza, sin hospitales decentes, sin escuelas, sin empleo. Y viendo cómo el dinero del país termina en bienes inmuebles en Occidente.

El caso Kokorev no es una excepción. Es una muestra más del verdadero funcionamiento del poder en Guinea Ecuatorial. Si el vicepresidente y su padre lo permiten, todo es legal. Si no lo permiten, aunque sea lo mismo, te encierran.