Corrupción y bloqueo notarial
El proceso de legalización de títulos de propiedad en Guinea Ecuatorial, que debería ser gratuito y ágil durante todo este año, se ha convertido en un laberinto de corrupción y demoras deliberadas. A pesar de que el gobierno prometió que la legalización de propiedades no tendría costo alguno en notaría y registro, la realidad es muy distinta.
Este año, las autoridades anunciaron a bombo y platillo que las tasas notariales serían eliminadas para facilitar la obtención de títulos de propiedad, una medida que en teoría beneficiaría a todos los ciudadanos. Sin embargo, la corrupción ha hecho que este proceso, que debería ser sencillo, se convierta en un calvario para quienes intentan regularizar sus propiedades. Aunque la normativa establece que, presentando la documentación requerida (contrato de compraventa, planos, etc.), el trámite sería completamente gratuito, los notarios y registradores han creado un sistema en el que los sobornos y los retrasos, son la norma.
El procedimiento de legalización sigue los pasos habituales: una vez que se obtienen todos los documentos, el ciudadano debe llevarlos a la notaría para su firma y posteriormente al Registro de la Propiedad. Sin embargo, los notarios de Malabo y Bata han convertido este proceso en una pesadilla burocrática. A pesar de que no debería haber costos, se ha generado un bloqueo donde los notarios retrasan la firma de expedientes por meses, a menos que el solicitante esté dispuesto a pagar sobornos, que oscilan entre 150.000 y varios millones de francos.
Peor aún, se ha reportado que los notarios están reteniendo deliberadamente los expedientes hasta el próximo año, con la esperanza de que los ciudadanos no logren regularizar sus propiedades antes del plazo límite. Esto se traduce en que, a partir del próximo año, aquellos que no tengan sus títulos de propiedad corren el riesgo de ser penalizados o, en el peor de los casos, de que sus tierras sean expropiadas.
Mientras tanto, el gobierno sigue emitiendo amenazas a través de sus medios afines de comunicación, instando a la población a legalizar sus propiedades lo antes posible. Sin embargo, el bloqueo en las notarías y registros parece ser un secreto a voces, alimentado por la indiferencia y avaricia de quienes deberían estar facilitando el proceso.
Un futuro incierto para los verdaderos dueños
Lo más grave de esta situación es el destino que espera a los verdaderos propietarios de las tierras. Aquellos que no puedan cumplir con los requisitos a tiempo, ya sea por la negligencia o la corrupción de notarios y registradores, se verán despojados de sus propiedades. Estas tierras no serán adquiridas por quienes cumplan la ley, sino que serán arrebatadas por los cercanos al régimen, que se apoderarán de ellas «por la cara bonita». Además, estos pudientes del régimen no se molestarán en legalizar las propiedades; simplemente las absorberán en su patrimonio, aprovechándose de un sistema que solo favorece a los privilegiados.
El gobierno de Teodoro Obiang, promotor eterno de la corrupción galopante en el país, está jugando con fuego. Si no se pone fin a estos abusos, el país corre el riesgo de profundizar aún más la desigualdad entre la población y la élite gobernante, consolidando un sistema donde los más vulnerables pierden todo mientras los poderosos ganan, una vez más, a costa del sufrimiento y la desesperación del pueblo.
