El ayudante de campo de Teodoro Obiang desencadena la reforma que prohíbe a militares y ministros ser pastores

Según informó la televisión pública y la prensa oficialista, el Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias ha dictado la Orden Ministerial nº 2/2025, de 21 de noviembre, por la que se prohíbe a los miembros del Gobierno y a las autoridades militares ejercer la actividad pastoral en Guinea Ecuatorial. El texto, firmado por el ministro Reginaldo Biyogo, presenta la medida como una “corrección constitucional” frente a una práctica “anticuada” y “abusiva” que permitiría a altos cargos dirigir iglesias fuera del control del Estado.

La orden establece que, desde su publicación, ningún responsable de la Administración civil ni mando castrense, sea cual sea su rango, podrá seguir liderando ni pastoreando una congregación o asociación religiosa en el país. Sobre el papel, el Gobierno vende el giro como un avance hacia la separación entre poderes públicos y estructuras religiosas.

En la nota difundida por Justicia, el ministro asegura que es “incongruente” que las mismas personas que ostentan poderes públicos sean al mismo tiempo responsables de iglesias. Presenta la medida como una defensa de la Constitución y denuncia que existían congregaciones dirigidas por “personas con mucho poder e influencia política y social”, incluidas autoridades militares, frente a las cuales el Estado habría perdido autoridad efectiva. En público, el mensaje suena a higiene institucional: limitar el poder paralelo de ciertas iglesias privadas y poner orden en un paisaje religioso saturado.

Pero la cronología de los hechos y los movimientos recientes alrededor del dictador cuentan otra historia. Según ha podido saber Radio Macuto por fuentes conocedoras del funcionamiento interno del régimen, el detonante de esta orden no fue un debate jurídico ni un dictamen de expertos, sino un incidente ocurrido hace apenas una semana.

El ayudante de campo de Teodoro Obiang, con rango de capitán y conocido en su entorno cercano como “Mamano”, es también pastor principal de una iglesia en Malabo. Ese doble rol era conocido por todos: oficial de confianza del dictador en los actos oficiales y “hombre de Dios” los fines de semana y, cada vez con más frecuencia, también en días laborables.

El problema estalló cuando, en una de las últimas salidas oficiales del sátrapa, el capitán “Mamano” llegó tarde al servicio. Desde Presidencia le llamaron para que se incorporara de inmediato a su puesto, pero, según relatan nuestras fuentes, respondió que estaba en plena actividad pastoral, que seguiría en la iglesia y que se incorporaría más tarde al trabajo. En otras palabras: en presencia de testigos, uno de los hombres de máxima confianza del dictador priorizó el púlpito sobre el palacio.

Desde entonces, quienes siguen de cerca las actividades públicas de Obiang se observa un cambio claro: el ayudante de campo que antes aparecía sistemáticamente a su lado ha desaparecido de sus últimas salidas. “Ya está apartado”, resumen las fuentes. Poco después, el Ministerio de Justicia descubre de repente que es “inconstitucional” que militares y altos cargos sean pastores y firma una orden que barre de un plumazo esa práctica en todo el país.

Lo que la propaganda vende como una reforma de gran calado para proteger la Constitución es, en realidad, un ejemplo más de cómo se gobierna Guinea Ecuatorial: un incidente personal, un enfado del jefe y, acto seguido, una norma general para vestir de legalidad una bronca interna. Hasta que el ayudante de campo–pastor plantó al dictador, ni Justicia ni el resto del Gobierno parecían escandalizados por el hecho de que generales, oficiales y altos funcionarios dirigieran iglesias privadas, recaudaran diezmos y explotaran la fe como negocio paralelo. Al contrario: muchas congregaciones han prosperado precisamente gracias al patrocinio de autoridades políticas y militares.

Solo después del plantón, y solo cuando uno de los hombres más cercanos a Obiang cruzó la línea de la desobediencia abierta, llegan las grandes palabras: “inconstitucional”, “anticuado”, “abuso de poder”. La Orden Ministerial 2/2025 funciona así como un castigo colectivo y, al mismo tiempo, como un aviso a navegantes: cualquiera que utilice una iglesia para construirse poder propio desde dentro del sistema puede ser barrido en cuestión de días.

La nueva prohibición golpeará sobre todo a las pequeñas iglesias montadas a la sombra de generales, mandos intermedios y miembros del Gobierno que predicaban los domingos y firmaban expedientes los lunes. No cuestiona, en cambio, la alianza estructural entre el régimen y las grandes jerarquías religiosas que bendicen actos oficiales, silencian abusos y legitiman con homilías lo que se decide en los despachos.

En lugar de abrir un debate serio sobre la instrumentalización de la fe, la saturación de templos–empresa y la falta de una verdadera libertad de conciencia, el Gobierno recurre de nuevo a la fórmula que mejor conoce: una orden de arriba abajo nacida del capricho de un solo hombre y envuelta en retórica jurídica. Mientras la prensa oficial aplaude el supuesto “avance constitucional”, los fieles seguirán llenando bancos, los pastores con padrino político encontrarán fórmulas para adaptarse y el ayudante de campo caído en desgracia servirá como ejemplo interno. Los demás tomarán nota y calibrarán mejor hasta dónde puede llegar un sermón.

Guinea Ecuatorial suma así otra norma escrita al ritmo del humor del dictador; hoy se proclama la defensa de la Constitución; ayer se aplaudía a los mismos militares y ministros que levantaban iglesias; mañana, otra bronca personal podrá convertirse en decreto.