Egombegombe, a siete kilómetros de la vergüenza política

Son siete(7) kilómetros. Esa es la distancia que separa a la localidad de Egombegombe del asfalto, del acceso y del país oficial que el régimen muestra en televisión. Pero también es la frontera invisible entre los guineoecuatorianos “aceptados” y los condenados al olvido por razones políticas.

Según testimonios recibidos de los habitantes de Egombegombe, en la conocida por “zona roja” del distrito de Mbini, viven un aislamiento intolerable. “Los niños quieren regresar a Bata para el comienzo de las clases, pero no pueden. Los coches no entran”, relata un vecino. Otro testimonio detalla la magnitud del problema: “Hoy saliendo del pueblo, hemos salido a las nueve de la mañana y hemos llegado a Bata a las cuatro de la tarde. Desde nuestra entrada, hasta el pueblo, son siete kilómetros, porque aquí termina el asfalto”. Siete kilómetros que, en cualquier otro país, serían un simple tramo rural. En Guinea Ecuatorial, son un castigo político.

Hace más de un año, Radio Macuto ya había denunciado la situación en un reportaje titulado “La zona roja del distrito de Mbini”. En aquel momento, el diputado local, conocido como «Pepín, cabeza de pepino«, se apresuró a desmentirlo con un comunicado. Hoy los hechos le vuelven a contradecir. El aislamiento persiste, el barro sigue tragándose los coches y el silencio oficial continúa.

Desde el cruce de Mboeté hasta Egombegombe y el cabo San Juan, toda esa franja ha sido señalada por el poder como “zona roja”. No se trata de una categoría administrativa, sino de una condena política. Allí no llegan las carreteras, ni los servicios, ni las inversiones que el régimen presume en sus discursos. Es la geografía del castigo. Egombegombe, además, no es un pueblo cualquiera: es la tierra natal de Atanasio Ndongo, figura clave en la independencia de Guinea Ecuatorial, y de Plácido Micó Abogo, ex secretario general del CPDS. Dos nombres incómodos para un régimen que no olvida ni perdona. Por eso, según diversas fuentes, los proyectos de infraestructura destinados a esta zona existen, pero están bloqueados desde el palacio de La Colina, residencia del dictador. No es falta de recursos, sino de voluntad política. La exclusión es, en sí misma, una política de Estado.

Durante el auge petrolero, el régimen pavimentó carreteras hacia los palacios, no hacia los pueblos. Los convoyes oficiales circulan por autopistas relucientes mientras en Egombegombe los niños avanzan descalzos entre el barro para llegar a la escuela. Esa desigualdad no es casual, es estructural. Y cuando el poder etiqueta un territorio como “zona roja”, está declarando que sus habitantes no merecen progreso ni dignidad.

¿Dónde terminan las cacareadas infraestructuras del régimen y dónde empieza su afán de castigar al que disiente?

¿Desde cuándo ser originario de un pueblo equivale a cargar con una condena política?

En Egombegombe, la respuesta está escrita en el suelo: siete kilómetros de barro, siete kilómetros de desprecio. Y mientras el dictador inaugura avenidas que llevan su nombre, los hijos de Egombegombe siguen esperando una carretera para llegar a la escuela.

En Guinea Ecuatorial, la marginación no es una consecuencia: es una decisión de poder.