La Voz de Los Sin Voz
EE.UU. aprueba el tráfico de seres humanos en Guinea Ecuatorial
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Por Michael Walsh
Pese a que el presidente Obiang no se ha hecho cargo de la situación, la embajada estadounidense en Malabo sigue actuando como si nada hubiera pasado.
Guinea Ecuatorial tiene un grave problema de trata de seres humanos.
El gobierno de Teodoro Obiang, por desgracia, muestra poco interés en abordar el problema de buena fe.
Según el Departamento de Estado estadounidense, el país de la región occidental de África ni cumple plenamente las normas mínimas establecidas en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA) ni está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Según la Agencia Central de Inteligencia, «los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Guinea Ecuatorial y a ecuatoguineanos en el extranjero», y «la mayoría de las víctimas de la trata» son «sometidas al servicio doméstico forzado y a la trata sexual en las ciudades».
No es sorprendente que el tráfico de seres humanos se haya convertido en un obstáculo importante en las relaciones bilaterales.
Según la TVPA, Guinea Ecuatorial está clasificada como país de nivel 3 junto a países como Afganistán, Birmania, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Venezuela. Como consecuencia, «puede estar sujeto a ciertas restricciones en materia de ayuda exterior».
La TVPA pone a la embajada estadounidense en Malabo en una situación extremadamente difícil.
Según su sitio web oficial, el equipo de la embajada en el país sigue financiando «una serie de pequeños proyectos de base» con la ayuda de un programa de la delegación. Y ello a pesar de que «el Congreso ha restringido la ayuda exterior directa a Guinea Ecuatorial».
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe preguntarse por qué la estrategia integrada para el país – Guinea Ecuatorial (ICS-EG) no declara ningún vínculo con los planes estratégicos de las oficinas específicas que son responsables de combatir y supervisar el rastreo humano dentro del Departamento de Estado. Entre ellas se encuentran la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas (TIP) y la Oficina de Seguridad Diplomática (DS).
También parece absurdo que el ICS-EG no declare vínculos con el Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Seres Humanos y la Estrategia Nacional para Combatir la Trata de Seres Humanos. Ambas estrategias y políticas de alto nivel se publicaron meses antes de que se aprobara el ICS-EG.
Por si fuera poco, ésta no es la única prioridad política nacional que la embajada estadounidense en Malabo pasó por alto al declarar los vínculos estratégicos.
En su página web oficial, la embajada afirma que tres grandes temas de la política exterior estadounidense «constituyen la piedra angular de la relación bilateral». Entre ellos se incluyen:
1.-Promover y proteger los derechos civiles y humanos;
2.-Abordar los retos de gobernanza y bienestar social del país;
3.-Abogar en nombre de las empresas y los ciudadanos estadounidenses para garantizar un trato justo y transparente.
Por lo tanto, llama la atención que el ICS-EG no declare vínculos con los planes estratégicos de las oficinas específicas que son responsables de esas cuestiones políticas. Entre ellas se encuentran la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL), la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales (EB) y la Oficina de Cuestiones Mundiales de la Mujer de la Secretaría de Estado (S/GWI).
También parece una oportunidad perdida que el ICS-EG no declare los vínculos con las estrategias y planes pertinentes a nivel nacional, como el Memorando del Estudio de Seguridad Nacional sobre el Establecimiento de la Lucha contra la Corrupción como un Interés Fundamental de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Clara violación de la política estadounidense
La realidad es que todos estos descuidos constituyen una clara violación de la política del gobierno de Estados Unidos.
Se supone que todas las misiones diplomáticas estadounidenses deben identificar las estrategias y políticas de alto nivel que estén vinculadas a los objetivos establecidos en el ICS-EG y los apoyen. Como cuestión de política, éstas deben incluir las Directivas Políticas Presidenciales, el Plan Estratégico Conjunto Estado/USAID (JSP), las Estrategias Regionales Conjuntas Estado/USAID, las Estrategias de la Oficina Funcional del Estado y otras estrategias de ámbito nacional.
Estos descuidos plantean, por tanto, importantes cuestiones sobre la gestión y supervisión de la planificación de la política exterior a nivel nacional dentro del gobierno de Estados Unidos.
Cabría suponer que alguien del Departamento de Estado o de los comités de supervisión del Congreso habría reconocido que es un problema que el ICS-EG sólo declare una única vinculación entre sus siete objetivos estratégicos: el Plan Estratégico Conjunto Estado/USAID. Si lo hubieran hecho, quizá la Embajada de Malabo habría revisado discretamente su plan.
El hecho de que nadie parezca haber reconocido que estas omisiones constituyen un problema, dice mucho del estado de la diplomacia estadounidense en el siglo XXI.
