El caso TDT acaba en Black Beach mientras el juicio nunca llega

David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero siguen encarcelados en Guinea Ecuatorial sin haber sido juzgados. Sus familias denuncian un grave deterioro de su salud y aseguran que se les exigen alrededor de seis millones de euros para conseguir su excarcelación.

Los andaluces David y Javier fueron detenidos el 22 de enero de 2025 después de acudir a una reunión convocada por las autoridades guineoecuatorianas a raíz del conflicto abierto por el proyecto de Televisión Digital Terrestre. Desde entonces permanecen en la prisión de Black Beach.

El Parlamento Europeo abordó su situación en octubre de 2025 mediante una resolución específica. La Eurocámara denunció las condiciones de reclusión, reclamó atención médica y asistencia jurídica y consular, y expresó su preocupación por la falta de garantías judiciales en Guinea Ecuatorial. La resolución también dejó constancia de que ambos habían sido detenidos en relación con el fallido proyecto de TDT.

La versión difundida por las familias sostiene que Rodríguez era técnico de vídeo y Marañón desempeñaba tareas administrativas, sin capacidad de decisión sobre el contrato. El Cierre Digital recoge esa explicación y señala que los responsables empresariales se encontraban fuera de Guinea Ecuatorial cuando los dos acudieron a la reunión que terminó con su detención.

El sumario que Radio Macuto viene examinando obliga, sin embargo, a introducir un matiz. David Rodríguez Ballesta y Javier Marañón Montero figuran entre las personas investigadas por la Fiscalía dentro del procedimiento del caso TDT.

Su inclusión en el sumario no demuestra culpabilidad, pero tampoco permite presentarlos como personas completamente ajenas al procedimiento. Determinar qué papel desempeñaron corresponde a un tribunal, después de examinar las pruebas y escuchar a las defensas.

Eso es precisamente lo que no ha ocurrido.

Si la Fiscalía dispone de pruebas contra Rodríguez y Marañón, debe sostenerlas ante un tribunal. Si no puede hacerlo, mantenerlos encarcelados durante más de 18 meses convierte la prisión preventiva en una pena aplicada antes de que exista sentencia.

A esta situación se suma el deterioro físico denunciado por las familias. Según su testimonio, ambos han perdido alrededor de veinte kilos y han padecido malaria, infecciones tropicales y otros problemas de salud. También describen hacinamiento, deficiente asistencia médica y largos periodos de aislamiento. Son datos proporcionados por el entorno familiar, aunque las malas condiciones de reclusión y la preocupación por su estado de salud ya habían llegado anteriormente al Parlamento Europeo.

En mayo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió a las familias y se comprometió a intervenir para mejorar el acceso de los detenidos a médicos, abogados y familiares. Fuentes del Ministerio citadas entonces por El País aseguraron que España había realizado numerosas gestiones ante Malabo. Tres meses después, Rodríguez y Marañón continúan encarcelados.

La información más delicada publicada ahora por El Cierre Digital sitúa en torno a seis millones de euros la cantidad que se estaría exigiendo para desbloquear su excarcelación. Presentarlo simplemente como una «negociación económica» puede resultar engañoso. Una cosa es discutir judicialmente la restitución de fondos presuntamente desviados y otra muy distinta vincular la libertad de dos detenidos a la entrega de una cantidad de dinero.

Según información que maneja Radio Macuto, las cantidades que pagan personas y empresas señaladas en las campañas anticorrupción promovidas por el vicepresidente de su padre se canalizan a través de cuentas bajo su control. Es este extremo el que convierte el supuesto pago exigido en el caso TDT en algo mucho más inquietante que una negociación entre el Estado y una empresa.

Tiene más semejanza con un impuesto revolucionario, se paga para que el poder levante la presión.

La expresión no es nueva en la trayectoria de Teodorín. Durante el proceso por los llamados bienes mal adquiridos en Francia, la investigación judicial documentó que, cuando era ministro de Agricultura y Bosques, las empresas madereras estaban obligadas a satisfacer un denominado «impuesto revolucionario», mediante pagos efectuados directamente a él o a su empresa Somagui. Años después, la justicia francesa terminó condenándolo definitivamente por blanqueo y malversación de fondos públicos.

El precedente resulta difícil de ignorar cuando hoy aparece otra vez una empresa extranjera enfrentada al poder de Malabo, personas encarceladas y una cantidad millonaria cuya entrega puede determinar si salen o no de prisión.

La versión oficial intenta revestir la operación de legalidad. Informaciones basadas en comunicaciones de la Vicepresidencia hablan de una propuesta de Wayang Teknical para «restituir» al Tesoro Público fondos presuntamente desviados. Pero si estamos ante una restitución al Estado, debe existir una resolución judicial, una cuantificación motivada de la responsabilidad, una cuenta pública identificable y un procedimiento susceptible de control. La libertad de los acusados no puede convertirse en la garantía de cobro.

La cuestión deja entonces de ser cuánto está dispuesta a pagar Wayang.

La cuestión es por qué dos hombres continúan en Black Beach mientras se discute una cantidad de dinero.

Si Rodríguez y Marañón participaron en delitos relacionados con el proyecto TDT, que la Fiscalía presente sus pruebas y un tribunal determine su responsabilidad. Si existe un perjuicio económico al Estado, que una sentencia establezca quién debe restituirlo, cuánto debe pagar y a qué cuenta pública debe ingresar el dinero.

Lo contrario se parece demasiado a utilizar la cárcel como instrumento de cobro.

Y cuando quien dirige la llamada lucha contra la corrupción es Teodorín, tampoco puede ignorarse su propio historial. La justicia francesa confirmó definitivamente su condena por blanqueo y malversación de fondos públicos, mientras investigaciones en Estados Unidos ya habían descrito mecanismos mediante los cuales empresas entregaban dinero a sociedades y cuentas bajo su control.

El caso TDT contiene acusaciones graves y cantidades millonarias que deben ser esclarecidas. Nada de ello justifica sustituir un proceso judicial por una factura cuyo pago termine condicionando la libertad de los investigados.

Si Malabo tiene pruebas, que las presente ante un tribunal.

Si tiene una factura, que explique quién la ha calculado, con qué fundamento y a qué cuenta va el dinero.

Black Beach no puede convertirse en la caja de cobro de Teodorín.