Caso Nguema Obiang: la mansión confiscada, un bien que no debe volver a manos del régimen

Continúa la batalla legal en torno a la lujosa mansión parisina propiedad de Teodorín Obiang, hijo del Presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde hace más de 40 años. Mientras la justicia francesa confisca la propiedad en el marco de la investigación por « bienes mal adquiridos», se desata un polémico debate sobre sus legítimos beneficiarios, con crecientes llamamientos a impedir cualquier devolución al gobierno de Malabo.

Por OLBIF

Según una investigación publicada este viernes 2 de mayo de 2025 por el diario francés Libération y analizada por la redacción de Radio Macuto, la propiedad en cuestión, situada en el número 40-42 de la avenida Foch, en el distrito 16 de París, es una opulenta residencia de 4.000 metros cuadrados con 105 habitaciones y extravagantes servicios como un hammam, un club nocturno y grifos chapados en oro. Fue confiscada definitivamente tras la condena de Teodorín Obiang por blanqueo de fondos públicos malversados, veredicto dictado tras años de procesos judiciales.

Sin embargo, el gobierno de Guinea Ecuatorial ha lanzado una «demanda de restitución», reclamando la propiedad del inmueble tras supuestamente habérselo comprado a Obiang Junior en 2011. Esta medida ha suscitado una fuerte oposición, dado el contexto de la apropiación indebida original y la bien documentada corrupción reinante en el régimen de Obiang.

Los críticos argumentan con vehemencia que devolver los activos confiscados al gobierno de Guinea Ecuatorial sería una grave injusticia. Señalan los decenios de gobierno del Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, caracterizados por la corrupción endémica y la malversación de fondos públicos para el enriquecimiento personal. Afirman que el erario público no se distingue en la práctica del patrimonio personal de la familia gobernante, y que es probable que cualquier fondo devuelto al gobierno sea malversado.

Transparencia Internacional y Sherpa, organizaciones activamente implicadas en el caso, han expresado su preocupación por los intentos del gobierno de Malabo de obstruir la venta de la propiedad. Subrayan que el principal objetivo de la confiscación de «bienes mal adquiridos» es recuperar la riqueza robada en beneficio de la población víctima, y no proporcionar más recursos al propio régimen responsable del saqueo original.

Este debate sobre la restitución de activos pone así de manifiesto un reto crucial en los esfuerzos internacionales por combatir la corrupción. Mientras se perfeccionan los mecanismos legales para confiscar las riquezas mal habidas, la cuestión de quién debe beneficiarse en última instancia de dichas recuperaciones sigue siendo compleja. En el caso de Guinea Ecuatorial, existe un amplio consenso entre los grupos de la sociedad civil en que la distribución directa a la población, a través de canales rigurosamente controlados e independientes, es la única forma ética y eficaz de garantizar que se haga justicia.

El artículo también menciona que en Estados Unidos y Suiza los bienes incautados se han utilizado en beneficio del erario público y de organizaciones benéficas. El sistema judicial francés se enfrenta ahora a la difícil decisión de navegar entre estos intereses contrapuestos y garantizar que la resolución del caso Nguema Obiang sirva realmente a los intereses del pueblo de Guinea Ecuatorial.