Sigue retenido el delegado del INSESO mientras crecen las dudas sobre la auditoría y el contrato con José Pablo Nvo

Según información recibida por Radio Macuto, el delegado nacional del INSESO, Moisés Angue, seguía retenido este lunes en una vivienda del campamento de la Gendarmería, en la subida hacia CNEDOGE, pese a los mensajes difundidos en redes sociales el domingo 12 de abril que daban a entender que ya había sido liberado. Su situación se produce en medio de la ofensiva abierta contra la cúpula del instituto tras la auditoría sobre el ejercicio 2025.

La versión que empezó a circular en las redes sociales sobre la supuesta liberación del delegado del INSESO no se corresponde con la información de la que dispone esta página. Lejos de cerrarse, el caso sigue abierto y amenaza con sacar a la luz algo más turbio que una simple operación de control administrativo: una lucha interna en la que se entremezclan auditorías, contratos opacos, cuentas pendientes y una intervención cada vez más agresiva sobre la institución.

La maquinaria oficial activó su relato el pasado 10 de abril, cuando presentó la investigación sobre el INSESO como una respuesta a graves irregularidades detectadas en la auditoría de 2025. Entre los elementos aireados por el régimen figuran obras adjudicadas a Yeda Construcciones por más de 1.280 millones de francos CFA sin formalización contractual, pagos mensuales de 5 millones de francos CFA a JPN Abogados y Consultores, otros 160 millones adicionales “sin justificación clara”, así como la compra de 28 vehículos por 1.381 millones, muy por encima del presupuesto previsto.

Pero la historia no empieza ahí. Meses antes, el propio Moisés había comparecido ante la Cámara de los Diputados para presumir de una gestión supuestamente ejemplar, hablando de incremento de ingresos, reducción de más del 70 % en el gasto de contratos externos, detección de pensionistas irregulares, mejora de servicios y adquisición de ambulancias y equipos médicos. Aquella comparecencia fue presentada como una muestra de transparencia. Hoy, vista a la luz de los hechos, parece más bien una escenificación prematura de control sobre una casa que ya escondía demasiadas grietas.

Es en ese punto donde reaparece con más fuerza una información que Radio Macuto ya manejaba y que no llegó a publicarse en su momento, el contrato atribuido al diputado José Pablo Nvó. Ahora, con la propia versión oficial reconociendo pagos periódicos a JPN Abogados y Consultores, ese silencio resulta todavía más comprometedor. Porque si de verdad se estaba recortando gasto superfluo, alguien tendrá que explicar por qué una institución asfixiada por carencias seguía pagando consultorías millonarias mientras miles de guineoecuatorianos continúan padeciendo una seguridad social precaria, lenta y convertida en una maquinaria de privilegios para unos pocos.

Según la fuente consultada, sin embargo, la investigación no está siendo conducida con la limpieza que pretende vender el poder. La fuente sostiene que los auditores han mezclado dos ejercicios fiscales distintos, a pesar de que la revisión iniciada con la nueva directiva ni siquiera había concluido. También asegura que varias de las cifras difundidas no aparecen reflejadas como pagos ejecutados en los extractos bancarios, sino como facturas ligadas a trabajos de rehabilitación aún pendientes de encaje administrativo y aprobación formal.

La misma fuente sostiene que el empresario chino vinculado a YEDA también habría sido detenido por trabajar sin contrato formalizado, aunque el expediente todavía estaba en preparación y debía ser aprobado por el Consejo de Administración. La explicación no borra la improvisación ni el desorden, pero sí introduce una diferencia importante entre una gestión discutible y el relato cerrado de saqueo consumado que ahora se intenta imponer desde arriba. En otras palabras, la opacidad existe, pero también existe la sospecha de que la auditoría está siendo utilizada como arma en una guerra interna.

Ese clima se volvió todavía más denso el sábado, cuando, según la información recibida por este medio, Juana se presentó en las oficinas del INSESO acompañada de personas que no pertenecían al personal de la institución, realizó copias de documentos e impidió la entrada a empleados alegando que actuaba por orden del presidente del Consejo de Administración. Lejos de tranquilizar a nadie, ese movimiento refuerza la impresión de que el objetivo ya no es solo esclarecer expedientes, sino controlar archivos, sistemas y responsabilidades antes de que otros hablen.

La fuente también señala el caso del programa AGRESSO como otro síntoma del desastre. En lugar de reforzar a los técnicos informáticos de la propia institución para gestionar correctamente el sistema, se volvió a recurrir a una empresa externa que ni conoce a fondo el software ni domina la estructura operativa del INSESO. En un organismo que administra cotizaciones, pensiones, hospitales y compras públicas, esa dependencia externa no solo multiplica la confusión; también facilita que mañana nadie sepa con certeza dónde termina la torpeza, dónde empieza el negocio y quién acaba pagando el precio político.

Lo que ocurre hoy en el INSESO no retrata una cruzada moral del régimen contra la corrupción. Retrata, más bien, el funcionamiento real de un poder que tolera el desorden mientras le sirve, lo bendice mientras lo controla y solo lo convierte en escándalo cuando decide sacrificar a alguno de los suyos. Por eso el dato central de esta historia sigue siendo el mismo; el delegado no ha sido liberado, pese a lo que se hizo circular en redes. Sigue retenido. Y mientras siga retenido, también seguirá en pie la sospecha de que en torno al INSESO no se está buscando toda la verdad, sino administrando una purga con el guion ya escrito.