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La Voz de Los Sin Voz
Continuando con el análisis del sumario al que los reporteros de Radio Macuto tuvieron acceso, el caso TDT revela algo más que una trama de mordidas: exhibe una forma de administrar justicia donde el poder decide la música y el juzgado pone el altavoz. Mientras el país esperaba una televisión digital que ampliara horizontes, lo que llegó fueron autos de prisión, suplicatorios a la carta y un secreto de sumario que cubre con una manta opaca los tropiezos del procedimiento.
Las fechas dicen más que cualquier editorial. Hay prisión preventiva desde abril de 2025, pero la querella de Anticorrupción entra en el juzgado en junio. Primero se encierra, luego se redacta. El auto rescata párrafos enteros sobre presunción de inocencia y tratados internacionales, pero a renglón seguido firma medidas cautelares masivas y repite errores formales que harían suspender a un estudiante de primer curso: nombres escritos de tres maneras distintas, delitos citados a bandazos y una parte dispositiva con frases duplicadas. La justicia que tropieza en la forma suele caer en el fondo.
El expediente añade movimientos procesales que merecen lupa. Suplicatorio para levantar la inmunidad parlamentaria de dos diputados, cierre de fronteras y retirada de pasaportes para otros, y un secreto de sumario que, lejos de proteger la investigación, protege la costumbre: el país se entera tarde, mal y nunca. Por si fuera poco, aparece una medida extraña, precinto de oficinas, almacenes y un “supermercado”, con subasta de artículos de primera necesidad, que no encaja con una causa de TDT a menos que esos bienes pertenezcan a los señalados. Si no es así, el corta-y-pega es descarado. En cualquiera de los dos escenarios, el mensaje es idéntico: el procedimiento se usa como martillo, no como regla.
En paralelo, el sumario ordena búsqueda y captura internacional contra José Luis Romero Ruiz y José Ramón Montero, con remisión a Interpol, mientras varios investigados siguen privados de libertad desde hace más de cuatro meses. Y, sin embargo, entre tanta contundencia, el expediente recoge la denuncia de coacción y amenazas de un encausado al pasar por Gendarmería. ¿Cuánto vale entonces una declaración arrancada a golpes de miedo? Si la pieza clave del puzzle es una confesión cuestionada, la imagen resultante no es justicia: es propaganda.
El caso también muestra el efecto corrosivo del poder que no rinde cuentas. El sumario apunta a ministros, técnicos, magistrados y testaferros; menciona la destrucción de archivos; y retrata una ruta del dinero que cruza bancos locales, empresas pantalla y transferencias al extranjero. Pero cuando hay que nombrar a quienes mueven los hilos, el expediente tambalea: grafías cambiantes, cargos que aparecen y desaparecen, y silencios que hablan demasiado alto. La impunidad no solo roba dinero, también borra huellas.
Es cierto, la resolución insiste en la presunción de inocencia. Radio Macuto la respeta y la recordará en cada línea. Pero también es cierto que el secreto de sumario, aplicado sin rigor y acompañado de detenciones previas a la querella, huele a tratamiento de choque más que a investigación sólida. Una justicia que detiene primero y ordena después solo garantiza una cosa: el miedo.
Queda la pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿quién controla a los que dicen controlar? Si el órgano instructor copia, pega y se contradice, y si el Ministerio Fiscal sostiene una querella que llega detrás de las celdas, ¿quién vela porque el proceso sea limpio, las medidas proporcionales y el resultado creíble? El TDT debía traer señal para todos; en su lugar, nos deja la certeza de que cuando el poder mete la mano en el procedimiento, la justicia se queda sin corriente.
Que nadie confunda esta entrega con una sentencia. No nos toca condenar ni absolver. Nos toca mostrar, preguntar y exigir que un caso de este tamaño se lleve con las garantías que el pueblo merece. Porque si el final de esta historia vuelve a ser el de siempre, silencio administrativo, presos selectivos y dinero perdido, no habrá apagón; habrá confirmación de que la corrupción sigue emitiendo en directo y la justicia solo sintoniza cuando la llama el poder.
Una democracia se mide por cómo juzga a los poderosos. En el caso TDT, el país no necesita más autos, necesita luz. Y esa llega cuando las celdas se abren por ley, no por orden; cuando el secreto protege la prueba, no los errores; y cuando la justicia deja de obedecer a quien cree estar por encima de ella.
Nota de la redacción
Con esta cuarta entrega, cerramos el primer bloque del caso TDT. En las próximas semanas continuaremos publicando análisis complementarios sobre las conexiones internacionales, el papel del “señor 7%” y los movimientos financieros que el sumario apenas roza, pero que explican por qué en Guinea Ecuatorial la corrupción nunca pierde señal.
