Por qué los estafadores se refugian en los territorios británicos de ultramar

Según una publicación de The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) fechada el 8 de enero de 2026, la lista de “malos actores” que han utilizado los territorios británicos de ultramar para su propio beneficio es tan larga como el rastro del dinero que pretenden borrar. En ese inventario aparecen nombres como Teodorín Nguema Obiang (Guinea Ecuatorial), Rifaat al-Assad (Siria) y el escándalo de 1MDB (Malasia), entre otros.

No se trata de que el Reino Unido “fabrique” corruptos. Se trata de que, dentro de su órbita offshore, existen jurisdicciones diseñadas para ofrecer lo que el delincuente financiero más necesita, un vehículo legal rápido, estable y difícil de auditar desde fuera.

En el caso de Teddy, investigaciones y documentos judiciales estadounidenses han descrito el uso de sociedades pantalla para comprar y operar bienes de lujo como un Gulfstream G-V, adquirido a través de Ebony Shine International Ltd, vinculada a estructuras offshore.

Antes de aplaudir al ladrón que luce bólido nuevo, pregúntate de dónde saca el dinero, cuando hasta en el BANGE se habla de escasez de efectivo y el cobro de los funcionarios se vuelve una carrera de obstáculos.

La pregunta clave es por qué estos lugares se repiten una y otra vez en los grandes casos. La respuesta cabe en una idea simple: no es solo “secreto”; es un ecosistema completo que hace posible la opacidad con apariencia de normalidad.

Primero, la facilidad para crear empresas. En territorios como las Islas Vírgenes Británicas (BVI), la industria corporativa ha sido durante años un pilar económico: montar una sociedad puede ser rápido, barato y replicable a gran escala. Eso no es delito por sí mismo. El problema aparece cuando esa facilidad se convierte en una autopista para esconder propiedad real y origen de fondos.

Segundo, la diferencia decisiva entre tener datos y hacerlos visibles. BVI, por ejemplo, ha defendido su sistema de búsqueda segura de beneficiarios reales (BOSSs), subrayando explícitamente que no es accesible al público, sino a autoridades competentes bajo condiciones. Esa brecha, información que existe, pero no se ve, es oro para quien busca operar detrás de capas de sociedades.

Tercero, el “sello” jurídico y reputacional. Muchas de estas jurisdicciones se benefician de un marco de derecho mercantil asociado al mundo británico, lo que aporta confianza comercial; el dinero ilícito no solo quiere esconderse, también quiere parecer legítimo el tiempo suficiente para convertirse en propiedad, influencia y poder.

Cuarto, la realidad política. Reformas prometidas, plazos que se estiran. El debate sobre registros de beneficiario final con acceso real (público o, como mínimo, por “interés legítimo”) lleva años sobre la mesa. Aun así, medios y organizaciones han denunciado retrasos y diseños restrictivos en varios territorios, con presión creciente para que Londres use incluso medidas constitucionales excepcionales si hace falta.

El propio Parlamento británico ha discutido abiertamente que Gibraltar y Montserrat han ido por delante, mientras otros territorios han avanzado con sistemas más limitados.

Quinto, el GAFI/FATF incluyó a “Virgin Islands (UK)” en su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (la llamada “lista gris”), con un plan de acción que menciona, entre otros puntos, la necesidad de que la información sobre beneficiarios reales sea exacta, actualizada, accesible para autoridades y que los incumplimientos se sancionen.

Este patrón no se limita a Guinea Ecuatorial. El propio TBIJ recordó que Rifaat al-Assad utilizó sociedades en Gibraltar y apoyo profesional en Guernsey para gestionar dinero presuntamente saqueado a Siria; una investigación conjunta (TBIJ y socios) detalló el papel de estructuras y asesores en ese engranaje.

Y el caso 1MDB es una lección de manual: Reuters documentó transferencias multimillonarias de 1MDB a una entidad en BVI conocida como “Aabar BVI”, en una de las rutas que alimentaron el escándalo.

Como resultado final, lo que se roba en un país termina protegido por capas corporativas en otro; lo que se esconde con sociedades pantalla se convierte en mansiones, jets, relojes, influencia. Y cuando llega la justicia, ya es tarde y con obstáculos.

En Francia, por ejemplo, Teodorin fue condenado en el caso de los “Bienes Mal Adquiridos”, y la condena fue confirmada por el Tribunal de Casación en 2021, posteriormente se abre el capítulo de la restitución de activos confiscados.

Pero la devolución efectiva a la población, sin pasar por las manos del aparato que permitió el saqueo, es lenta y políticamente enrevesada. Le Monde informó que los millones recuperados tras la venta de bienes seguían, en parte, pendientes de un destinatario claro y de un mecanismo operativo.

Por eso conviene mirar estos “paraísos” como lo que son, una infraestructura. No son un chisme financiero; son una pieza central del rompecabezas de la impunidad. Y mientras se siga permitiendo que la opacidad sea un servicio premium, con papeles en regla y responsables difusos, la historia se repetirá con otros nombres, otros jets y la misma consecuencia: riqueza privatizada arriba, penurias abajo.