NEXOS-GE denuncia que el plan contra la mendicidad infantil criminaliza la pobreza

La plataforma exige la suspensión de una campaña que coloca a los menores y a sus familias bajo la actuación de las fuerzas de seguridad, sin ofrecer soluciones a las causas sociales que los empujan a las calles.

La decisión del régimen de Obiang de enviar a las fuerzas de seguridad contra los menores que mendigan o practican la venta ambulante convierte un problema de pobreza y desprotección social en una operación policial. NEXOS-GE denuncia que la campaña no está orientada a proteger a la infancia, sino a perseguir a quienes padecen las consecuencias del abandono institucional.

El plan, anunciado el pasado 15 de julio, encomienda a los cuerpos de seguridad y a la unidad especial de protección de menores creada en septiembre de 2025 la detención de los niños encontrados en bares, discotecas, hoteles y otros lugares calificados por las autoridades como «espacios inadecuados».

La actuación también alcanzará a los padres o tutores, a quienes el régimen pretende considerar responsables de promover la mendicidad o la venta ambulante. Según el comunicado, podrían afrontar responsabilidades penales, administrativas o civiles en aplicación del decreto sobre protección de menores aprobado en noviembre de 2023.

NEXOS-GE cuestiona además el discurso utilizado para justificar la campaña. Durante unas jornadas de sensibilización juvenil, la ministra de Asuntos Sociales e Igualdad de Género relacionó la presencia de niños desescolarizados, mendigos o dedicados a trabajos informales con la proliferación de las denominadas «uniones informales sin planificación». La plataforma señala que esa afirmación no fue respaldada por ningún estudio sociológico o criminológico.

Frente a ese planteamiento, la organización recuerda que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a proteger a los menores frente a las actividades que puedan perjudicar su educación o su desarrollo. Esa obligación debe cumplirse mediante medidas sociales, educativas y administrativas, no tratando a los niños como delincuentes.

La misma Convención exige prestar ayuda material a los padres que carecen de recursos, garantizar la alimentación, el vestuario y la vivienda de los menores y asegurar una enseñanza primaria y secundaria obligatoria y gratuita. Para NEXOS-GE, estas son las medidas que debería adoptar el Gobierno antes de amenazar a las familias con procesos judiciales.

La plataforma ha solicitado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que investigue la situación de desamparo de numerosos menores en Guinea Ecuatorial, donde la extrema pobreza se refleja en la mendicidad, la desescolarización y la creciente emigración juvenil.

NEXOS-GE reclama finalmente la suspensión inmediata de la campaña y recuerda los abusos cometidos durante la denominada «Operación Limpieza». La organización advierte de que entregar nuevamente un problema social a las fuerzas de seguridad puede provocar nuevas vulneraciones de derechos y servir únicamente para retirar de las calles las pruebas visibles de la pobreza que el régimen se niega a combatir.