Madrid autoriza la concentración ante el Congreso por la libertad de dos españoles usados por Malabo como rehenes

La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado para este miércoles 25 de marzo de 2026 una concentración en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, para exigir la liberación de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, dos ciudadanos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 en el marco del caso TDT.

Según la resolución difundida por medios locales, la convocatoria fue comunicada por Lina Marañón Montero, hermana de uno de los detenidos, y quedó autorizada entre las 10:30 y las 13:00 horas, con una previsión de asistencia de alrededor de un centenar de personas. El lema de la protesta denuncia que se trata de “dos españoles inocentes” que llevan catorce meses encarcelados sin garantías de derechos humanos.

La movilización no surge de la nada. En los últimos días, las familias han intensificado su ofensiva pública con la entrega en Madrid de decenas de miles de firmas dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores para reclamar una intervención firme del Gobierno español. Distintos medios sitúan esa recogida por encima de las 45.000 rúbricas, mientras la propia campaña difundida por los allegados insiste en que la pasividad institucional puede costarles la vida.

La concentración llega además acompañada de una campaña pública en redes impulsada a través de Change.org y amplificada por Change.org España, cuyo mensaje es inequívoco, “El Gobierno les está dando la espalda”. En esa misma línea, familiares y amigos vienen repitiendo que no quieren condolencias futuras, sino decisiones inmediatas antes de que el deterioro físico y psicológico de ambos sea irreversible.

David Rodríguez y Javier Marañón permanecen presos en Black Beach, la cárcel de Malabo sobre la que pesan desde hace años denuncias por condiciones infrahumanas. Las familias sostienen que ambos carecen de acceso regular a atención médica, a sus abogados y a visitas, y describen su situación como extremadamente grave.

Los dos españoles fueron detenidos en enero de 2025 por las autoridades guineoecuatorianas en relación con supuestas deficiencias en la instalación de la Televisión Digital Terrestre por parte de la empresa para la que trabajaban. Tanto sus familias como parte de la cobertura periodística en España subrayan que no eran directivos ni propietarios del negocio, sino trabajadores sin poder real de decisión.

El caso ya no puede presentarse como una simple disputa empresarial ni como una incidencia judicial más en un país sin garantías. El Parlamento Europeo debatió su situación en octubre de 2025 y aprobó una resolución en la que reclamó trato digno, respeto de sus derechos y atención a unas detenciones vinculadas a un proyecto fallido de TDT. El expediente también ha sido llevado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

Pese a ello, nada esencial ha cambiado. Los familiares han pedido ayuda al Rey Felipe VI y al Papa León XIV, al que incluso solicitaron que suspenda su prevista visita a Guinea Ecuatorial si antes no se garantiza la liberación de los dos españoles. El gesto revela hasta qué punto la desesperación ha sustituido ya a cualquier confianza en las vías diplomáticas ordinarias.

Lo que se verá este 25 de marzo frente al Congreso de España no será solo una protesta familiar. Será la imagen de dos ciudadanos españoles convertidos en piezas de presión dentro de un régimen que, cuando no consigue doblegar a empresarios o arrancar dinero por otras vías, retiene cuerpos humanos para convertirlos en moneda de cambio. La propia prensa española ha descrito este caso como un “salto cualitativo” en el clima de “extorsión y chantaje” impuesto durante décadas por la familia Obiang.

Malabo nunca ha administrado justicia; siempre ha administrado miedo. Y cuando un poder encierra a trabajadores que no decidían nada, los aísla, los deteriora y los usa para forzar negociaciones, ya no estamos ante un exceso burocrático ni ante un malentendido judicial; estamos ante un secuestro político con apariencia de causa penal. Eso es lo que el régimen ha hecho demasiadas veces con extranjeros, empresarios y ahora también con simples empleados.

Si España permite que todo termine en otra negociación opaca, en otro canje vergonzante o en otro silencio diplomático, el mensaje quedará claro: Obiang puede seguir capturando personas para chantajear Estados, empresas y familias. Y eso, más que una crisis consular, sería la confirmación de que el terror de Malabo sigue encontrando fuera de sus fronteras demasiada cobardía dispuesta a tolerarlo.