Por Pierre Notombe
Durante el mes de mayo el Gobierno de Guinea Ecuatorial lanzó una campaña de persecución de grupos delictivos que han aterrorizado a la población local con ataques y robos desde principios de este año.
Según TVGE, un canal estatal y totalmente controlado por el gobierno, se han desplegado 816 policías y gendarmes «de forma permanente en los lugares donde actúan las bandas«. Se han detenido a más de 300 criminales y delincuentes, 119 de los cuales han sido trasladados a prisiones.
Según una orden emitida por el Ministerio de Seguridad, también se ha implantado un toque de queda a los jóvenes desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana «con el fin de proteger a los ciudadanos y sus bienes y restablecer la paz y la seguridad«.
Esta medida se debe a «un aumento de la delincuencia y la criminalidad perpetrada por jóvenes menores de 25 años, que atacan a los transeúntes por la noche con machetes y a veces irrumpen en las casas para matar a sus ocupantes«, dice la orden antedicha.
Por supuesto, garantizar la seguridad de sus ciudadanos es una misión importante para todos los países, y el gobierno debe adoptar todas las medidas posibles para aplicarla. Pero en el caso de Guinea Ecuatorial, esta noticia aparentemente positiva está provocando desconfianza entre los analistas. En la opinión de éstos últimos, el gobierno corrupto y autoritario de este país puede emplear esta buena iniciativa para su propio beneficio, es decir, como tapadera para una nueva purga contra la oposición y los ciudadanos descontentos.
Durante el año pasado, las autoridades locales efectuaron la detención masiva de ciudadanos de otros países que residían y trabajaban en el territorio de Guinea Ecuatorial. Las purgas más duras tuvieron lugar en Malabo y Bata, las dos ciudades más grandes del país. La gente fue literalmente agarrada y atrapada en la calle, sacada de sus tiendas. Entonces el país estuvo al borde de un escándalo internacional, los países vecinos expresaron una nota de insatisfacción con el gobierno encabezado por la familia Obiang e intentaron ejercer presión política para resolver esta situación injusta. Sin embargo, no todas las víctimas detenidas en aquel momento fueron liberadas.
Según informes de ONG internacionales como Human Rights Watch, los ciudadanos de Guinea Ecuatorial son constantemente detenidos en forma injusta e ilegal, y se mantienen luego encarceladas bajo condiciones inhumanas. Al mismo tiempo, casi nadie en el país tiene acceso a una protección legal adecuada, ni espera recibir luego una resolución justa e independiente.
Esto preocupa a las ONG internacionales y sugiere la idea de que la información difundida por el canal progubernamental (el único canal del país) puede no ser del todo cierta. Y mientras el gobierno se jacta de haber aumentado el nivel de seguridad en el país, personas inocentes son encarceladas por sus opiniones políticas y su comprensible descontento con el régimen totalitario de Obiang.
