La dictadura predica “garantías jurídicas” en Madrid un día después del Día de los Derechos Humanos

Según un comunicado fechado el 12 de diciembre de 2025 y publicado en la página web institucional del Gobierno de Guinea Ecuatorial, una delegación ministerial del régimen presentó en la sede del diario La Razón (Madrid) su estrategia de “diversificación económica” durante un desayuno informativo celebrado el jueves 11 de diciembre. En esa nota oficial se habla de “empresarios españoles”, representantes institucionales y periodistas, y se subraya la idea de proyectar Guinea Ecuatorial como “destino fiable” para la actividad empresarial.

La elección de fecha es, como mínimo, pornográfica; el encuentro tuvo lugar al día siguiente del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre. Un evento celebrado en un país democrático, con sonrisas, foto de familia y cóctel, justo después de una jornada que recuerda al mundo que los derechos no son decoración… mientras en Guinea Ecuatorial esos derechos se violan con una rutina que ya ni se disimula.

El propio anuncio publicado por La Razón antes del acto describía el guion con precisión: bienvenida del director Francisco Marhuenda, intervención de Guillermina Mokuy, cuatro ministros en fila, preguntas de periodistas del medio y, al final, el “desayuno-cóctel” para estrechar manos y cerrar contactos fuera de micrófono.

Y luego está lo más importante: qué significa “seguridad jurídica” cuando lo pronuncia una dictadura. En el comunicado oficial se dice sin rubor que el ministro de Hacienda, Iván Bacale Ebe Molina, presentó “reformas fiscales” y “garantías jurídicas” para facilitar la llegada de capital extranjero.

Traducido al idioma real de estos negocios: no es la seguridad del ciudadano frente al poder. Es la seguridad del inversor “bien colocado” de que podrá operar y llevarse el dinero sin problemas si camina por el carril correcto. Eso es lo que se compra en estos desayunos: tranquilidad para el capital, no justicia para la gente.

El choque entre propaganda y realidad tiene nombres y apellidos. Dos ciudadanos españoles, Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, fueron detenidos en Malabo en enero de 2025 y trasladados el 7 de abril a Black Beach. Y el caso no es un rumor de redes: está en una Resolución del Parlamento Europeo del 9 de octubre de 2025, que habla de “condiciones infrahumanas”, “violaciones sistemáticas” y “detención arbitraria”, denuncia el aislamiento total y la prohibición de contacto con abogados y familiares, y pide tratamiento urgente y evacuación médica para Marañón Montero.

El Parlamento Europeo advierte además que estas detenciones “dañan la reputación del país” y “disuaden la inversión”.

Así que conviene poner la frase completa sobre la mesa: La dictadura de Malabo fue a Madrid a vender “confianza” y “garantías”, mientras Black Beach retiene a dos españoles en un expediente que ha escalado al máximo nivel político europeo. Eso no es “diversificación”: eso es lavado de cara.

Y mientras se sirve café en la capital española, las organizaciones de derechos humanos siguen documentando lo que ocurre dentro: detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, persecución de activistas y abusos que se repiten año tras año.

Si el acto era realmente económico y transparente, hay una forma simple de demostrarlo: publicar lo básico. ¿Qué empresas españolas asistieron? ¿Quién las invitó? ¿Qué se negoció fuera de cámara? ¿Hubo acuerdos, intermediarios, reuniones paralelas? Porque sin nombres, sin trazabilidad y sin rendición de cuentas, lo único que queda es la postal: la dictadura buscando socios en Madrid para que, cuando toque vender continuidad, haya demasiada gente ganando como para hacer preguntas incómodas.