Juzgan hoy a Paysa a puerta cerrada en Oveng Azém tras más de un año y medio de detención arbitraria

Según una fuente del penal de Oveng Azém, donde permanece encarcelado Joaquín Elo Ayeto, conocido como Paysa, el activista será juzgado hoy a puerta cerrada en unas condiciones que vuelven a poner en cuestión las garantías más elementales del proceso. La misma fuente sostiene que la vista responde más a una operación de apariencia legal que a una verdadera administración de justicia.

De acuerdo con esa información, a Paysa se le imputa el presunto delito de “ejercicio abusivo de derechos fundamentales”, junto a una supuesta “asociación ilícita con fines delictivos”, dentro de un sumario en el que figura como perjudicado el Estado de la República de Guinea Ecuatorial. La acusación se apoyaría en el artículo 221 del Código Penal, un precepto que ya ha sido denunciado por juristas como una herramienta hecha a medida para castigar la libertad de expresión, de asociación y de participación cívica. El portal jurídico Hay Derecho en Guinea ha sostenido que ese artículo constituye “un claro retroceso en derechos” y que resulta contrario tanto a la Ley Fundamental como a los compromisos internacionales del Estado.

El proceso se celebra después de una detención que Amnistía Internacional ha calificado de arbitraria. La organización documentó que Paysa fue trasladado a la prisión de Oveng Azem el 13 de agosto de 2024 y que desde entonces ha permanecido en prisión preventiva por acusaciones vinculadas a Somos+, la plataforma cívica de la que forma parte. Amnistía exigió además su liberación inmediata, al considerar que su encarcelamiento deriva de su labor como defensor de derechos humanos.

La celebración de este juicio a puerta cerrada añade una nueva sombra sobre un caso ya marcado por la arbitrariedad. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, salvo excepciones estrictamente limitadas. En un país donde la disidencia suele ser tratada como amenaza y no como derecho, el secretismo judicial solo refuerza la sospecha de que no se busca esclarecer ningún delito real, sino fabricar la imagen de que se ha seguido un procedimiento regular.

Según la misma fuente penitenciaria, no se descarta que otros activistas y militantes de Ciudadanos por la Innovación encarcelados puedan ser llevados también ante los tribunales en procesos similares, con el único propósito de dejar constancia formal de que fueron juzgados y de que sus derechos fueron supuestamente respetados. Si se confirma, el caso de Paysa no sería una excepción, sino otra pieza dentro del teatro represivo con el que el régimen intenta cubrir de legalidad las violaciones previas de derechos fundamentales.

Más que ante un juicio orientado a hacer justicia, todo apunta a una escenificación judicial para legitimar a posteriori una persecución política. El caso Paysa retrata, una vez más, cómo el aparato represivo de Malabo convierte el ejercicio de libertades básicas en materia penal, criminaliza la organización cívica y utiliza tribunales cerrados para dar barniz legal a lo que no deja de ser una vulneración frontal de derechos fundamentales.