Guinea Ecuatorial gana en La Haya, pero pierde cada día en los derechos humanos

El pasado 19 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Guinea Ecuatorial en el prolongado litigio fronterizo que la enfrentaba a Gabón por la soberanía de los islotes de Mbañé, Conga y Cocoteros, situados en una estratégica franja marítima rica en recursos naturales, especialmente petróleo. El régimen de Malabo no tardó en celebrar la decisión con un triunfalismo que contrasta dolorosamente con la situación interna del país.

En una tribuna publicada en este mismo medio, el jurista Juan Carlos Ondo Angue, expresidente del Tribunal Supremo y actual presidente de la plataforma NEXOS-GE, ofrece un análisis técnico y político del fallo, recordando que más allá de los fuegos artificiales del poder, la verdadera batalla sigue siendo la de los derechos fundamentales del pueblo guineoecuatoriano, ausente en cada festejo oficial y silenciado en cada ceremonia de “victoria nacional”.

Un fallo jurídico de peso

Según explica Ondo Angue, la decisión de la CIJ se apoya en principios del derecho internacional ampliamente reconocidos, especialmente el del uti possidetis juris, que sostiene que los Estados africanos deben conservar las fronteras heredadas del colonialismo. En este caso, los jueces consideraron que el acuerdo franco-español de 1900 otorgaba legítimamente la soberanía de los islotes a España, soberanía que luego se transfirió a Guinea Ecuatorial con la independencia en 1968.

Además, el fallo se ve respaldado por el principio de «conformidad de las fronteras heredadas» adoptado por la Organización de la Unidad Africana en 1964 y por disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Guinea Ecuatorial logra así una victoria jurídica clara en el plano internacional, algo poco frecuente para un régimen con un historial tan sombrío en derechos humanos y democracia.

Lo que el régimen no dirá

Pero si la sentencia es jurídicamente impecable, la gestión política que hace de ella el régimen es profundamente cuestionable. Ondo Angue advierte con claridad que el fallo corre el riesgo de ser instrumentalizado por Obiang Nguema para lavar su imagen ante la comunidad internacional y proyectar una falsa legitimidad, mientras mantiene intacta la maquinaria represiva y corrupta que ha asfixiado al país durante más de cuatro décadas.

“El dictador celebra islotes que podrían tener petróleo… como si fuera a compartirlo con alguien más que su clan”, ironiza una voz crítica desde Malabo. Esa frase resume el sentir de muchos guineoecuatorianos que ven cómo cada “logro del Estado” se convierte en una nueva fuente de privilegios para la familia presidencial y sus allegados, mientras las mayorías siguen excluidas del acceso a la salud, la educación, la vivienda o la libertad de expresión.

La estrategia del silencio y la distracción

En la estrategia de comunicación del régimen, este tipo de victorias internacionales sirven para desviar la atención de la represión diaria. No se habla de los presos políticos, de los jóvenes detenidos por opinar en redes sociales, del exilio forzoso de periodistas y activistas, ni del desmantelamiento de toda forma de oposición política real. Tampoco se menciona que los beneficios que pudieran derivarse de la explotación de estos islotes nunca llegarán al pueblo.

Mientras tanto, el gobierno de Gabón, encabezado por Brice Oligui Nguema, ha mantenido una postura diplomática, aunque sectores de la sociedad gabonesa han reaccionado con indignación. Según fuentes diplomáticas citadas por la prensa regional, Libreville buscará negociar con Malabo posibles compensaciones, lo que sugiere que la disputa, aunque legalmente cerrada, podría tener todavía capítulos políticos abiertos.

Una advertencia desde el exilio

Juan Carlos Ondo Angue concluye su tribuna recordando que el problema de Guinea Ecuatorial no son los límites marítimos, sino los límites que impone una dictadura al desarrollo humano, la justicia y la libertad. Desde su exilio, insiste en que una verdadera victoria para el país no puede medirse en hectáreas ganadas en el mar, sino en los derechos recuperados en tierra firme.

“La CIJ ha dictado justicia sobre los mapas. Lo que falta es justicia sobre el terreno. Y eso solo lo puede traer una transición democrática real”, afirma.

El régimen puede ondear banderas, organizar recepciones y condecorar a juristas expatriados, pero mientras no se respete la dignidad de los guineoecuatorianos, toda victoria será hueca. La historia recordará esta fecha no solo por la decisión de La Haya, sino por lo que siga ocurriendo en las cárceles, las aldeas olvidadas y las plazas vacías de una nación secuestrada por sus gobernantes.