La UNGE convierte la graduación en una caja registradora

Un aviso atribuido a la Facultad de Ciencias Económicas, Gestión y Administración de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial ha vuelto a dejar al descubierto el verdadero rostro de la enseñanza pública bajo la administración actual de la UNGE: cobrar al estudiante hasta el último suspiro académico.

El documento, fechado en Malabo el 20 de mayo de 2026, informa a los estudiantes pendientes de recibir sus títulos de los pagos fijados para la graduación. La lista no deja mucho margen a la interpretación: 25.000 FCFA por el título, 50.000 FCFA por el alquiler de la toga y 300.000 FCFA por la compra del traje académico. En total, 375.000 FCFA para poder cerrar oficialmente una etapa universitaria.

Según el propio aviso, los interesados deben dirigirse a los servicios de la Gerencia de la UNGE. Es decir, no estamos ante un cobro improvisado en un pasillo ni ante una iniciativa menor de una facultad aislada. La comunicación remite directamente a la estructura administrativa de la universidad. Y ahí empieza la responsabilidad política y moral del Rectorado.

El Rectorado de la UNGE no puede seguir actuando como si la universidad fuera una finca administrativa donde, cada promoción de estudiantes representa una oportunidad para abrir una nueva caja. La universidad pública no puede comportarse como una empresa de alquiler de togas, venta de trajes y expedición de papeles al peso. Mucho menos en un país donde miles de familias han tenido que sostener durante años la educación de sus hijos entre matrículas, transporte, apuntes, retrasos, carencias y una precariedad que las autoridades conocen perfectamente, aunque finjan no verla.

La cifra de 300.000 FCFA por un traje académico resulta especialmente escandalosa. No hablamos de una inversión en laboratorios, bibliotecas, investigación, becas o mejora de las aulas. Hablamos de una prenda ceremonial. De un decorado. De la apariencia de solemnidad que tanto gusta a las instituciones de la dictatura mientras por dentro todo se cae a pedazos. Si el Rectorado cree que un estudiante guineoecuatoriano debe pagar semejante cantidad para vestir una ceremonia, entonces el problema ya no es solo económico, es una falta absoluta de sensibilidad social.

La UNGE debería ser una institución al servicio de la juventud, no una ventanilla de recaudación. Pero el aviso muestra una lógica muy conocida en Guinea Ecuatorial; el ciudadano paga por estudiar, paga por esperar, paga por ser atendido, paga por recibir lo que ya debería corresponderle y, al final, vuelve a pagar para que le reconozcan oficialmente el esfuerzo realizado.

El lema que aparece al pie del documento, “Por una Guinea Mejor”, termina sonando como una burla. ¿Qué Guinea mejor se construye obligando a estudiantes recién graduados, muchos de ellos sin empleo y sin horizonte laboral, a desembolsar hasta 375.000 FCFA para participar en una ceremonia? ¿Qué universidad pública presume de formar a la juventud mientras la exprime en el momento exacto en que debería acompañarla?

El Rectorado tiene que explicar quién fijó esas cantidades, bajo qué criterio, con qué base normativa y quién controla el destino del dinero recaudado. También debe aclarar si la compra del traje académico es obligatoria o si se está usando la presión institucional para empujar a los estudiantes a pagar. En una universidad seria, esas respuestas deberían estar publicadas de manera transparente. En la UNGE, como en tantas instituciones del país, la transparencia suele aparecer solo cuando el escándalo ya ha salido a la calle.

Lo más grave es que este tipo de prácticas normaliza una idea profundamente dañina: que la educación pública no es un derecho, sino una carrera de obstáculos donde siempre gana quien puede pagar. Y cuando una universidad nacional funciona bajo esa lógica, deja de ser un ascensor social para convertirse en otro filtro contra los hijos de las familias humildes.

La graduación debería ser un acto de reconocimiento al sacrificio de los estudiantes y sus familias. En manos de la actual administración universitaria, amenaza con convertirse en otra factura abusiva envuelta en sellos, firmas y discursos oficiales. La toga no puede servir para tapar la vergüenza de un sistema universitario que cobra mucho, explica poco y rinde cuentas todavía menos.

La pregunta ya no es cuánto cuesta graduarse en la UNGE; sino, cuánto más piensa exprimir el Rectorado a una juventud que el propio Estado mantiene sin oportunidades.