Absuelven a Goyo tras meses de encierro injusto y silencio criminal

La sentencia núm. 31/2026 ha declarado no culpables a Gregorio Mesian Ada y al resto de acusados en el llamado caso Goyo. El fallo, cuya copia acompaña esta información, derriba por falta de pruebas una causa que durante meses sirvió para encarcelar a un inocente, sostener un relato judicial sin base y dejar en la sombra el destino del dinero incautado.

Durante meses vendieron el caso Goyo como si se tratara de una gran operación contra la delincuencia económica. Hablaron de blanqueo, de fraude, de evasión de divisas y de sobornos. Señalaron culpables antes de tiempo, alimentaron el escándalo desde la prensa del régimen y mantuvieron a un hombre encerrado mientras el proceso se iba vaciando por dentro. La sentencia conocida ahora no corrige ese abuso; solo certifica que el Estado fue incapaz de demostrar lo que llevaba meses proclamando.

La puesta en escena judicial comenzó a finales de marzo, cuando la prensa alineada con el poder anunció el inicio del juicio contra siete acusados en la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Bioko y Annobón. Se hablaba entonces de una maleta con 504.000 euros y 150.000 dólares interceptada en el aeropuerto de Malabo el 6 de abril de 2025, de un supuesto caso ejemplar de delincuencia económica y de peticiones de hasta diez años de cárcel para Goyo. La maquinaria propagandística ya tenía su relato, convertir una incautación rodeada de sombras en un espectáculo penal con culpables previamente señalados.

Pero el propio desarrollo del juicio empezó a desarmar ese montaje. El 30 de marzo, la Fiscalía reformuló su acusación inicial y retiró los cargos contra seis de los procesados por falta de pruebas suficientes, dejando únicamente la imputación por presunto blanqueo contra Gregorio Mesian. Más revelador aún fue el movimiento de la Abogacía del Estado, que también retiró la acusación contra todos, incluido Goyo, al sostener que los fondos intervenidos no procedían del Tesoro público y que, por tanto, el Estado no tenía nada que reclamarles. Dicho de otro modo, después de meses de ruido, la propia acusación oficial terminó admitiendo que el edificio levantado contra ellos se sostenía sobre arena.

Esta página ya había advertido desde junio de 2025 que el caso estaba plagado de arbitrariedades. Informamos entonces de que las leyes comunitarias de la CEMAC permiten la libre circulación de capitales dentro del espacio regional con la correspondiente declaración aduanera, y de que en este caso esa declaración sí se habría realizado. Pese a ello, las autoridades no solo incautaron los fondos, sino que mantuvieron detenidos al ciudadano camerunés que transportaba la maleta y al propio Gregorio Mesian. Aquella publicación también subrayaba que el dinero no había sido ingresado en la cuenta del Tesoro ni remitido a la BEAC, y que su paradero era desconocido.

La deriva del caso fue todavía más escandalosa cuando, en agosto de 2025, Radio Macuto reveló que la Presidencia de la República había ordenado la puesta en libertad de Goyo y la restitución de su dinero mediante una instrucción fechada el 8 de julio de ese mismo año. Sin embargo, tras recuperar la libertad, el empresario apenas pasó ocho horas en su casa antes de ser detenido de nuevo “por orden del vice de la superioridad”. Aquel episodio ya mostraba que no estábamos ante un proceso judicial ordinario, sino ante una cadena de abusos en la que las decisiones formales podían ser pisoteadas por la voluntad del Playboy engominado.

La absolución conocida ahora no corrige nada de eso. No devuelve los meses de encierro. No limpia el desgaste sufrido por los acusados. No explica por qué se construyó durante tanto tiempo una causa tan aparatosa para terminar reconociendo que no había pruebas. Y, sobre todo, no responde a la pregunta central que sigue flotando sobre todo este caso: Dónde está el dinero incautado y quién se lo quedó.

A ello se suma otro elemento explosivo. Según información recabada por este medio, semanas antes del juicio a Goyo le habrían hecho firmar un documento en el que renunciaba al dinero intervenido y a emprender cualquier acción posterior. Si ese extremo se confirma documentalmente, la absolución no solo dejaría en ridículo a la acusación, sino que revelaría una operación aún más turbia, utilizar la cárcel, el miedo y la amenaza de condena para arrancar una renuncia y blindar la desaparición de los fondos.

La sentencia 31/2026 no devuelve la justicia a un país donde suele llegar esposada. Lo que hace es dejar al desnudo el funcionamiento real del sistema; primero se confisca, después se encierra, luego se fabrica un caso y, cuando todo se derrumba por falta de pruebas, nadie responde por el tiempo robado ni por el dinero evaporado.

Goyo ha sido absuelto. Lo que falta ahora es absolver al país de esta maquinaria de rapiña que convierte cada proceso en una emboscada y cada tribunal en el último decorado de una decisión tomada mucho antes.