Gómez Bermúdez prometió a Obiang una vía para salvar a su hijo de la orden de detención

Una carta revelada por El País muestra que el abogado Javier Gómez Bermúdez aseguró a Teodoro Obiang que, si su hijo Carmelo Ovono Obiang aceptaba declarar por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, era “prácticamente seguro” que el juez levantaría las órdenes de detención dictadas contra él y otros dos altos cargos del régimen.

La causa abierta en España por el secuestro, tortura y desaparición de opositores guineoecuatorianos vuelve a dejar al descubierto las maniobras del régimen de Malabo para escapar de la justicia. Según publica El País, Javier Gómez Bermúdez, abogado de Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang y secretario de Estado de Seguridad Exterior, escribió al dictador una carta fechada el 21 de noviembre de 2025 para explicarle una estrategia procesal que debía permitir a los procesados salir de la situación de rebeldía.

En esa comunicación, el exmagistrado de la Audiencia Nacional aseguró al jefe del régimen que, si su hijo aceptaba declarar por videoconferencia, el juez Santiago Pedraz levantaría con alta probabilidad las órdenes nacionales e internacionales de detención que pesaban contra Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. Los tres están procesados por delitos relacionados con terrorismo, secuestro y torturas contra cuatro opositores residentes en España.

La carta tiene un valor político y judicial evidente. Gómez Bermúdez no se dirigía únicamente a su cliente, sino al padre del acusado y jefe del Estado guineoecuatoriano. Es decir, informaba directamente al centro del poder de Malabo sobre una estrategia destinada a desactivar las órdenes de detención. Según la información publicada, el letrado incluso anunció que acudiría personalmente al juzgado para confirmar la viabilidad de esa operación antes de presentar ningún escrito.

Ahora, Gómez Bermúdez sostiene ante El País que esa visita al juez Pedraz nunca llegó a producirse y que no habló con él sobre ese asunto. Sin embargo, seis días después de la carta, el 27 de noviembre, el abogado pidió formalmente la declaración por videoconferencia de los tres procesados. Pedraz aceptó la petición el 1 de diciembre y permitió que los rebeldes eligieran fecha para comparecer.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional frenó después esa maniobra. El 3 de febrero, horas antes de la declaración prevista, revocó la comparecencia a distancia y recordó que los procesados debían ponerse físicamente a disposición judicial. Para la Sala, no cabía un trato procesal de comodidad para personas sobre las que pesaban órdenes de detención e ingreso en prisión.

El episodio terminó como suelen terminar las maniobras del clan Obiang cuando se les exige rendir cuentas, con un plantón. Teodoro Nguema Obiang Mangue, el hijo exhibicionista del dictador, publicó antes de la cita que ningún miembro del Gobierno guineoecuatoriano comparecería ante la justicia española. Al día siguiente, Gómez Bermúdez comunicó al juzgado que sus clientes no acudirían.

La aparición de la carta en la documentación enviada por Guinea Ecuatorial a la Audiencia Nacional agrava las sospechas. El régimen de Malabo la remitió dentro de una comisión rogatoria en la que, al mismo tiempo, se negaba a autorizar la declaración de los procesados y defendía la existencia de una supuesta investigación interna por los mismos hechos.

La acusación particular, ejercida por Aitor Martínez en representación de las víctimas del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República, ha planteado preguntas directas al juez Pedraz. El abogado quiere saber cómo podía la defensa anticipar una decisión judicial que aún no había sido solicitada ni acordada. También cuestiona que Gómez Bermúdez informara de los detalles de la causa a Teodoro Obiang, que no era su representado formal en el procedimiento.

El fondo del caso sigue siendo el mismo, cuatro opositores fueron secuestrados en 2019 en Yuba, Sudán del Sur, trasladados a Guinea Ecuatorial y sometidos a un proceso militar sin garantías. Uno de ellos, Julio Obama, ciudadano hispano-guineoecuatoriano, murió bajo custodia en la prisión de Oveng Azem tras haber denunciado torturas, según recogió Amnistía Internacional en su informe anual.

La Audiencia Nacional ya había ordenado recientemente a Pedraz que informara a Interpol del procesamiento de Carmelo Ovono Obiang, Nicolás Obama Nchama e Isaac Nguema Ondo. La Sala consideró necesario remitir toda la información relevante para que el organismo internacional pudiera revisar la situación de las órdenes de búsqueda y captura.

Lo revelado ahora no es una simple anécdota procesal. Es la radiografía de un régimen acostumbrado a tratar los tribunales como extensiones de su diplomacia, de su dinero y de sus influencias. Malabo no busca justicia. Busca tiempo, blindaje e impunidad. Y cada documento que sale a la luz confirma que el hijo de Obiang y los hombres de su aparato de seguridad no temen a la verdad, sino sentarse ante un tribunal sin controlar la puerta de salida.