El poder de Teodorin en Guinea Ecuatorial se doblega ante la justicia española y su cúpula de seguridad declarará por terrorismo.

Tras años de negativas públicas, incluidas declaraciones del vicepresidente de su padre, el Gobierno de Guinea Ecuatorial y Teodorín han terminado aceptando, según consta en el escrito incorporado al sumario, que tres altos responsables del aparato de seguridad del régimen comparezcan ante la justicia española para declarar por delitos de terrorismo. La toma de declaración está señalada para el 5 de febrero de 2026, a las 10:00 horas.

La causa se centra en el secuestro y traslado clandestino, en noviembre de 2019, de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial – III República (MLGE3R), así como en las torturas denunciadas durante su reclusión. En ese procedimiento, la Audiencia Nacional investiga a Nicolás Obama Nchama (ministro de Seguridad Nacional), a Carmelo Ovono Obiang (hijo de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y viceministro de Seguridad Exterior) y a Isaac Nguema Ondo (director adjunto de Seguridad Presidencial).

El viraje contrasta con la línea mantenida hasta hace poco. Teodorín llegó a afirmar públicamente que Guinea Ecuatorial “no aceptaría ni autorizaría” la comparecencia de miembros del Gobierno citados por tribunales españoles, una posición que el Ejecutivo respaldó por vía diplomática cuando la Audiencia Nacional intentó tomar declaración en 2023.

De la negativa pública al escrito de comparecencia

En un movimiento que desdice esa negativa, la defensa comunica al juzgado que los investigados están dispuestos a comparecer y solicita que se les cite formalmente a declarar.

El secuestro en Juba y la muerte bajo custodia

Los hechos investigados se remontan al 15 de noviembre de 2019. Ese día, Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo fueron secuestrados en Juba (Sudán del Sur) y trasladados clandestinamente en un avión presidencial Embraer a la prisión de Oveng Azem, en Guinea Ecuatorial. En el escrito se sostiene que ese secuestro y traslado fueron ocultados a las autoridades españolas, a las que se les negó que las víctimas se encontraban recluidas en zulos subterráneos de esa prisión.

Siempre según el escrito, los detenidos fueron sometidos a torturas sistemáticas. Julio Obama Mefuman, de nacionalidad española, murió bajo custodia.

Por estos hechos, la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial fue imputada por secuestro y torturas con finalidad terrorista, además de otras imputaciones formuladas por las acusaciones personadas, incluyendo crímenes de lesa humanidad. La Audiencia Nacional dictó además órdenes internacionales de detención contra los tres altos responsables investigados, lo que, de acuerdo con el escrito, los sitúa bajo busca y captura.

Marzo de 2023, el portazo diplomático

El choque entre ambos Estados se hizo visible en marzo de 2023. El 28 de ese mes, cuando los investigados estaban llamados a declarar, el Gobierno de Guinea Ecuatorial remitió una Nota Verbal rechazando la competencia de los tribunales españoles y negando autorización para que sus autoridades comparecieran. Ese portazo, según se recuerda en el procedimiento, es el que convierte en especialmente llamativa la cesión que se produce ahora.

La versión oficial, «extraditados» y «persecución«

En paralelo, Teodorín difundió públicamente la versión oficial con la que el régimen intentó justificar los hechos, insistiendo en que los opositores habían sido detenidos por autoridades sudanesas y extraditados.

En medio de esa confrontación política, la dictadura de Malabo llegó incluso a llamar a consultas a su embajador en España, Miguel Edjang, en protesta por lo que presentaba como una persecución desde la justicia española.

La línea oficial fue respaldada también por la Fiscalía General del Estado en Malabo, que negó la competencia de los tribunales españoles, según reflejaron medios afines al régimen.

Septiembre de 2025, el Supremo español aprieta y el régimen cede

El escrito recuerda, sin embargo, que el 5 de septiembre de 2025 el Tribunal Supremo de España dictó una resolución especialmente dura contra Guinea Ecuatorial, cuestionando la independencia e imparcialidad de su sistema judicial y subrayando las graves vulneraciones denunciadas por las víctimas.

Tras esa resolución, la defensa de Nicolás Obama Nchama, Carmelo Ovono Obiang e Isaac Nguema Ondo presentó, el 27 de noviembre de 2025, un escrito en el que acepta someterse a la jurisdicción española y solicita que la declaración se celebre por videoconferencia desde Malabo. En la práctica, el escrito asume lo que el régimen negó durante años; que la causa seguirá en España y que los investigados deberán dar su versión ante la Audiencia Nacional.

En ese mismo escrito se propone que la comparecencia se realice bien desde la Embajada o el Consulado de España en Malabo, o bien desde la sede de los juzgados y tribunales en la capital.

La solicitud incluye expresamente la citación de los tres investigados, identificándolos por nombre, para declarar por videoconferencia desde Guinea Ecuatorial.

5 de febrero de 2026: fecha y hora de la declaración

La diligencia de señalamiento fija la toma de declaración para el 5 de febrero de 2026 a las 10:00 horas.

Reacciones en redes; la contradicción, en primer plano

El giro ha generado reacciones en redes sociales. Entre ellas, una publicación de Izquierda Unida en X destacando la citación por terrorismo, secuestro y torturas.

También se han hecho eco perfiles como el de Santiago Sautel, que difundió la noticia en tono de última hora.

En redes sociales, varias publicaciones han subrayado precisamente esa contradicción: del “no” sostenido durante años a una comparecencia fijada para febrero de 2026.

Entre los comentarios difundidos figura igualmente una publicación de ZonaDefensaInterna con el tuit de Teodorín incrustado.

La cuenta del MLGEIIIR también difundió mensajes en X haciéndose eco de reacciones de actores políticos españoles.

Un antecedente en Francia y una instrucción en fase decisiva

El escrito añade un antecedente significativo, Teodorín evitó comparecer ante la justicia francesa en la causa de París sobre los Bienes Mal Adquiridos. En España, en cambio, la causa avanza hacia una fase clave, ya que la declaración de los investigados suele ser un trámite determinante para el cierre de la instrucción.

Si la comparecencia se materializa, la imagen será inédita: la cúspide del aparato represivo del régimen declarando ante la justicia española por delitos de terrorismo.

A partir de ese paso procesal, la investigación podrá seguir su curso con un elemento que hasta ahora faltaba: la versión de los investigados ante el tribunal que los reclama.