EE. UU. pagó 7,5 millones al régimen de Teodoro Obiang y el Senado exige explicaciones

Según una carta dirigida al Departamento de Estado de Estados Unidos, la senadora demócrata Jeanne Shaheen ha exigido explicaciones sobre un pago de 7,5 millones de dólares que la administración de Donald Trump transfirió al régimen de Guinea Ecuatorial. El dinero provenía de un fondo federal destinado a ayuda para migración y refugiados, pero fue desviado hacia un acuerdo de deportaciones con uno de los gobiernos más corruptos del mundo, según las propias palabras de la legisladora.

Shaheen, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, calificó la operación de “altamente irregular” y pidió una investigación inmediata sobre el uso de esos fondos. La senadora recordó que Guinea Ecuatorial, bajo la dictadura de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, mantiene un largo historial de violaciones de derechos humanos, represión política y desvío de fondos públicos, razones más que suficientes para vetar cualquier cooperación de esa naturaleza.

El pago se justificó oficialmente como parte de un “acuerdo de repatriación”, mediante el cual el régimen de Malabo aceptaría recibir a migrantes africanos expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, Shaheen sostiene que esos fondos no fueron utilizados para fines humanitarios, sino que reforzaron la maquinaria de control del régimen, que continúa persiguiendo a disidentes y encarcelando a inocentes.

El medio estadounidense WTOP News, que reveló la información, recuerda que el pago se realizó cuando el propio hijo del dictador, estaba bajo sanciones internacionales por corrupción y blanqueo de capitales. Pese a ello, la administración Trump autorizó el desembolso de millones desde un fondo humanitario.

En el otro extremo del debate, el senador republicano Marco Rubio, aliado de Trump, defendió el pago alegando que formaba parte de un esfuerzo para “mejorar la cooperación migratoria y fortalecer la seguridad nacional”. Sus declaraciones, sin embargo, han reavivado la polémica sobre la coherencia moral de la política exterior estadounidense hacia los regímenes autoritarios.

Mientras tanto, en Guinea Ecuatorial, más del 70 % de la población vive en pobreza pese a los millonarios ingresos petroleros y a los acuerdos internacionales que jamás se traducen en mejoras reales. Este nuevo escándalo deja al descubierto cómo las dictaduras africanas logran sostenerse gracias a pactos opacos con potencias extranjeras, que anteponen intereses estratégicos al respeto por la dignidad humana.

En Washington, la investigación impulsada por la senadora Shaheen podría reabrir el debate sobre los límites de la cooperación con regímenes sancionados. Pero para los guineoecuatorianos, el eco de esta denuncia suena como otro recordatorio del precio de la impunidad: siete millones y medio de dólares más para un gobierno que sigue alimentando la represión y la miseria de su pueblo.