CORED rechaza la acusación de terrorismo y exige pruebas ante una justicia independiente

La Coalición para la Restauración de un Estado Democrático en la República de Guinea Ecuatorial (CORED) ha rechazado su calificación como «organización terrorista» y «organización criminal» y sostiene que las acusaciones contra sus dirigentes forman parte de una campaña de criminalización de la oposición política en el exilio.

En una declaración fechada en París el 22 de septiembre, la organización afirma que es una coalición política y civil, niega disponer de una estructura militar y asegura que su actividad se desarrolla mediante la acción política, la denuncia pública, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de apoyo institucional para una transición democrática.

CORED rechaza también las acusaciones que le atribuyen contactos con grupos armados y supuestos planes para adquirir armas, reclutar combatientes o preparar ataques contra Guinea Ecuatorial. La organización exige que, si existen pruebas sobre esos hechos, sean presentadas ante órganos judiciales independientes y puedan ser examinadas con plenas garantías de defensa.

La coalición niega igualmente que los acontecimientos de diciembre de 2017 permitan atribuir responsabilidad penal al conjunto de la organización. Sostiene que cualquier eventual responsabilidad debe establecerse de manera individual y mediante pruebas, no por la pertenencia o vinculación política con CORED.

CORED considera especialmente grave que se ofrezcan cantidades de hasta 1,5 millones de euros para obtener información o facilitar su repatriación y pide a los Estados democráticos que examinen esas medidas desde la perspectiva del Derecho internacional, la protección de refugiados y el principio de no devolución cuando exista riesgo de persecución o malos tratos.

La organización solicita a España, Francia, la Unión Europea y Naciones Unidas que no acepten automáticamente las acusaciones formuladas contra sus dirigentes, garanticen la protección de quienes puedan encontrarse en situación de riesgo y presten atención a posibles episodios de persecución transnacional.

CORED sostiene que dirigentes y miembros de la oposición guineoecuatoriana han denunciado episodios de vigilancia, intimidación y seguimiento fuera del país. En su declaración menciona investigaciones abiertas en España relacionadas con presuntos secuestros, torturas y persecución de opositores, y pide que cualquier nuevo episodio de amenaza o acoso sea investigado por las autoridades competentes.

La coalición denuncia también campañas de desinformación y descrédito contra sus dirigentes y afirma que recurrirá a las autoridades cuando disponga de elementos objetivos sobre posibles actuaciones ilegales. Al mismo tiempo, admite que una sospecha no equivale a una condena y defiende que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante pruebas.

CORED asegura estar dispuesta a que sus actividades, estructuras, dirigentes y fuentes de financiación sean examinados por organismos independientes. Su respuesta coloca así el enfrentamiento en un terreno concreto; si existen pruebas de terrorismo o criminalidad, reclama que sean presentadas ante una justicia independiente, sometidas a contradicción y atribuidas individualmente a quienes correspondan.