Caso TDT: los intermediarios siguen procesados y Francisca Obiang y Biyogo quedan fuera del juicio

El caso TDT llega a la fase previa al juicio oral con una paradoja que atraviesa el propio expediente: algunos de los intermediarios señalados por la Fiscalía figuran entre los procesados, mientras Francisca Obiang Giménez y Teodoro Biyogo Nsue Okomo, a quienes la investigación situó como presuntos destinatarios de importantes cantidades de dinero, no aparecen en la lista de procesados que irán a juicio.

La novedad la ha publicado EL PAÍS tras examinar el auto de conclusión del sumario. El Juzgado de Instrucción de Malabo no incluye a Francisca Obiang entre quienes deberán responder en juicio oral por los delitos investigados alrededor de la adjudicación y ejecución del proyecto de Televisión Digital Terrestre.

Según el sumario que esta página viene analizando desde 2025, Jeremías Augusto Barleycons Mongulue aparecía como testaferro de Francisca Obiang Giménez. El expediente atribuye a la operación 424,7 millones de francos CFA, posteriormente enviados a España. EL PAÍS señala ahora que la Fiscalía consideraba a Barleycons «testaferro» y «socio» de Francisca y sostenía que ambos habían pactado quedarse con el 20 % de las cantidades gestionadas.

Barleycons figura entre los procesados. Francisca Obiang no.

La hija del Dictador ocupaba entonces la presidencia de GEPROYECTOS, organismo encargado del seguimiento y fiscalización de los proyectos públicos. Bonifacio Esono Nsolo, vicepresidente de esa entidad, también figura entre los procesados. El sumario le atribuía 29 millones de francos CFA por certificaciones de obra presuntamente carentes de respaldo técnico.

El mismo patrón aparece alrededor de Teodoro Biyogo Nsue Okomo, hermano de la primera en todo, Constancia Mangue, exembajador de Guinea Ecuatorial en Brasil, donde fue declarado persona non grata tras un escándalo vinculado a abusos de menores, según publicó en su momento este medio.

Es el «señor del 7 %» del expediente.

Wayang firmó con el Grupo Candy un contrato para recuperar cantidades que el Estado guineano adeudaba por la primera fase del proyecto. La intermediación debía remunerarse con un 7 % de lo cobrado. Jesús Cantero Nsegue Nzang figuraba como firmante, pero el auto sostiene que actuaba por cuenta de Biyogo Nsue.

Nuestro dossier ya había puesto cifra a esa operación; 531,8 millones de francos CFA, con Jesús Cantero identificado como representante o intermediario de Teodoro Biyogo.

Cantero figura entre los procesados. Teodoro Biyogo no ha sido incluido entre quienes irán a juicio oral en esta pieza.

El resto del expediente muestra otras cantidades. El entonces ministro de Telecomunicaciones Maximiliano Martín Meko Abeme aparecía con 144 millones de francos CFA; su sucesor, Rufino Ovono Ondo Engonga, con 15 millones; y Eugenio Nze Obiang, entonces ministro de Información, Prensa y Radio, con 199,5 millones.

La situación de Maximiliano Martín Meko y Rufino Ovono Ondo Engonga es distinta. No puede equipararse a la de Francisca Obiang o Teodoro Biyogo, porque las actuaciones relativas a ambos continúan en piezas separadas. En el caso de Rufino Ovono, el auto atribuye esa separación a su estado de salud. Martín Meko fue señalado durante la investigación por haber incorporado a la empresa concesionaria al proyecto sin pasar por los procesos de licitación y por el presunto cobro de comisiones.

Eugenio Nze Obiang sí figura entre los procesados. La Fiscalía sostiene que recibió dinero mediante un intermediario. EL PAÍS señala que ese supuesto testaferro no ha sido incluido entre los procesados pese a haber reconocido su participación en el pago.

El sumario contiene otros nombres y cantidades: Carlos Joaquín Oko Iyanga, informático de GEPROYECTOS, aparece con 32,25 millones de francos CFA; Demetrio Ela Edu Nfono, entonces director general de Obras Públicas, con 67 millones; y Leoncio Ndong Micha Nchama, magistrado del Tribunal de Cuentas, con 70 millones. La Fiscalía les atribuyó distintas intervenciones relacionadas con certificaciones, informes o decisiones vinculadas al proyecto.

En Black Beach continúan los españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, detenidos desde hace 18 meses. Ambos figuran entre los procesados que deberán afrontar el juicio oral.

Sus familias sostienen que ninguno manejaba fondos ni tenía poder para decidir contratos o pagos y denuncian que el auto no aporta pruebas documentales, periciales o testimoniales que acrediten que recibieran dinero. También cuestionan la acusación de enriquecimiento ilícito y las condiciones en las que se practicaron algunas declaraciones. La defensa ha recurrido el procesamiento.

El auto deja ahora una cuestión difícil de soslayar; qué fundamento jurídico permite mantener entre los procesados a varios intermediarios de los pagos mientras no se incluye en el juicio oral a personas a las que la propia Fiscalía señaló como destinatarias del dinero.

Los intermediarios permanecen en el procedimiento que avanza hacia juicio. Algunos de los presuntos beneficiarios no estarán en ese banquillo.

El caso TDT ya no tiene únicamente que explicar cómo salió el dinero. También tendrá que explicar por qué la cadena de responsabilidades procesales termina antes de llegar a algunos de los nombres que la propia investigación colocó al final del recorrido.