Moisés Angue Nso Nchama, el hombre al que quieren cargar el muerto del INSESO

El caso INSESO ha llegado hasta Manuel Osa Nsue Nsua, primer ministro de Obiang y actual presidente del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Seguridad Social, en una declaración que apunta a una maniobra clara, cargar el muerto del INSESO sobre Moisés Angue Nso Nchama.

Durante esa declaración, según fuentes nuestras, Manuel Osa Nsue Nsua desplazó el peso del expediente hacia Moisés Angue Nso Nchama, delegado nacional del INSESO, a quien intenta presentar como principal responsable de las arbitrariedades cometidas en la Seguridad Social guineoecuatoriana. La versión del PM también señala que Moisés obligó a Julio Michá Nfono, sobrino del primer ministro y entonces administrador general del INSESO, a ejecutar decisiones irregulares dentro de la institución.

Dentro del INSESO, sin embargo, esa versión choca con lo que varias fuentes internas vienen sosteniendo desde hace tiempo. Los grandes contratos no se decidían en la Delegación Nacional, sino en Caleyma y bajo la autoridad política del PM como presidente del Consejo de Administración. Moisés firmaba, sí, pero lo hacía dentro de una estructura jerárquica donde las órdenes venían de arriba y donde desobedecer podía costarle el cargo.

Eso no convierte a Moisés Angue Nso Nchama en un inocente absoluto. Su responsabilidad, según las fuentes, pasa por haber aceptado firmar, obedecer y confiar en quienes le habían colocado en el puesto. Firmó por respeto a la jerarquía, por gratitud hacia quien le propuso para el cargo y por una confianza ingenua en un sistema que nunca protege al eslabón débil cuando llega la tormenta.

El papel de Julio Michá Nfono es uno de los puntos más delicados del expediente. Fuentes internas sostienen que, desde la Administración General, hacía y deshacía a su antojo dentro del INSESO. Varias actuaciones atribuidas a su gestión no contaron con la aprobación real de Moisés, que con el tiempo empezó a entender mejor los procedimientos internos de la institución gracias al personal de su gabinete.

La pregunta de fondo no es solo quién firmó los documentos, sino quién daba las órdenes, quién protegía a Julio y quién tenía capacidad real para mover los contratos más importantes. En el INSESO, como ocurre en tantas instituciones del país, la firma visible no siempre coincide con el poder que decide.

Todo apunta a que Moisés puede terminar pagando por un expediente que le supera. No porque esté libre de toda responsabilidad, sino porque aparece como el culpable más fácil de sacrificar. No tiene una red sólida de protección, no pertenece al núcleo duro del poder y su caída permitiría cerrar el caso sin tocar a quienes realmente manejaban los hilos.

Si la investigación se limita al delegado nacional, el caso INSESO quedará reducido a otra operación de limpieza interna. Se castigará al funcionario expuesto, se protegerá al mando político y se venderá la farsa como justicia. Pero si el juez instructor quiere llegar al fondo, tendrá que mirar hacia el Consejo de Administración, hacia Caleyma y hacia el papel de Manuel Osa Nsue Nsua como PCA.

Moisés puede pasar años en la cárcel no por haber sido el cerebro del saqueo, sino por demasiado obediente, demasiado confiado y demasiado útil para quienes ahora necesitan un culpable. En Guinea Ecuatorial, el poder ordena, otros firman y, cuando llega el escándalo, siempre aparece alguien sin protección al que cargarle el muerto.