El clan Obiang malvende el sector petrolero de Guinea Ecuatorial para salvar su dictadura

Ante el agotamiento de la renta y el naufragio económico provocado por décadas de saqueo, el clan Obiang intenta salvar el sector petrolero de Guinea Ecuatorial mediante una reforma destinada a conceder nuevos privilegios fiscales a las compañías petroleras. La maniobra refleja el pánico de una dictadura contra las cuerdas.

Por OLBIF

Cuando la dictadura teme por su botín, sus lacayos se ponen en marcha a toda prisa. Reunida bajo la batuta de sus fieles ejecutores de consignas, la denominada Cámara de los Diputados ha comenzado a examinar un proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos. Tras la jerga tecnocrática y los grandes discursos sobre la «transición energética», la «competitividad» y el «clima de negocios», se oculta una realidad muy simple, el régimen de Obiang Nguema está aterrorizado ante el agotamiento de la gallina de los huevos de oro que alimenta desde hace décadas su sistema mafioso.

En la exposición de motivos, el poder se ve obligado a admitir lo que Radio Macuto denuncia sin descanso: la caída de los precios, el agotamiento de los yacimientos y la retirada de los gigantes energéticos dejan al descubierto el fracaso absoluto de una gestión caciquil y depredadora. Para hacerle frente, la solución concebida por los aprendices de brujo de Malabo no consiste en diversificar la economía ni en invertir en el bienestar del pueblo guineoecuatoriano, condenado deliberadamente a la miseria. No. Consiste en reducir la presión fiscal, flexibilizar las normas y ofrecer salvavidas dorados a las multinacionales extranjeras. Dicho con claridad, se malvende lo que queda del subsuelo nacional con la esperanza de atraer capitales dispuestos a cerrar los ojos ante los abusos y la corrupción de la casta dirigente.

El texto aprobado en comisión parlamentaria reafirma con rotundidad que todo pertenece al Estado. Pero, en la neolengua del régimen, el «Estado» se reduce a un entramado opaco puesto al servicio de una sola familia, mientras la población contempla, despojada y reducida a mera espectadora, el gran reparto de los restos. La creación de un supuesto «fondo de vigilancia medioambiental» o las vagas promesas de desarrollo comunitario no engañan a nadie: son cortinas de humo destinadas a disfrazar una capitulación económica en toda regla.

A medida que los pozos se agotan y el descontento crece bajo la superficie, la camarilla dirigente se aferra a los últimos resortes de una renta moribunda. Pero ninguna ley hecha a medida podrá salvar un sistema construido sobre el robo y la opresión cuando carece por completo de legitimidad popular.