Mari Paz Ayaba impone su firma en los pagos del INSESO mientras los trabajadores siguen sin cobrar

Un expediente interno revela que una orden de transferencia firmada por la Delegación Nacional fue anulada y emitida de nuevo con la firma de la interventora. Fuentes del organismo denuncian nóminas pendientes desde junio, incorporaciones irregulares de personal y un clima de intimidación.

Una orden de transferencia firmada el 16 de julio por la Delegada Nacional Interina del INSESO aparece anulada con varios trazos de bolígrafo. Siete días después, el mismo pago fue presentado de nuevo al banco, pero esta vez con la firma añadida de la Interventora General, Mari Paz Ayaba Ona Mba.

Mientras se libra esta batalla por el control de las cuentas, fuentes internas aseguran que numerosos trabajadores siguen sin cobrar sus nóminas desde junio. También denuncian retrasos en prestaciones que ya habían sido reconocidas y aprobadas por los servicios correspondientes.

El expediente examinado por esta página se refiere al pago de un subsidio por incapacidad temporal de 514.745 francos CFA. La prestación fue reconocida el 18 de junio de 2026, pasó por el control presupuestario y recibió la conformidad del Servicio de Intervención y de la Delegación Nacional.

El 15 de julio se generó la pieza contable. Al día siguiente, la Delegada Nacional Interina, Juana Magdalena Ntutumu Oyana, dirigió al Banco SGBGE una instrucción para transferir el dinero a la beneficiaria.

La orden aparece completamente cruzada con bolígrafo y contiene una anotación manuscrita. Fuentes del INSESO sostienen que fue invalidada porque no llevaba la firma de Mari Paz Ayaba. La copia confirma la anulación material del documento, aunque no permite identificar por sí sola a la persona que realizó los trazos.

El 23 de julio se redactó una segunda orden por la misma cantidad y destinada a la misma cuenta. En ella ya figuran las firmas de la Delegada Nacional Interina y de la Interventora General.

Los documentos muestran, por tanto, que una operación fiscalizada, aprobada y firmada por la responsable ejecutiva del INSESO quedó paralizada hasta que se añadió la firma de Mari Paz Ayaba. El expediente no incorpora ningún justificante que confirme que la beneficiaria recibió finalmente el dinero.

La intervención de Ayaba en la orden bancaria contradice, al menos aparentemente, el oficio emitido por la Presidencia de la República el 6 de julio de 2026 para reorganizar los firmantes de las cuentas del Estado.

En el apartado dedicado a las entidades públicas, el documento presidencial menciona a los responsables de Tesorería y Hacienda y al director general del ente correspondiente. La Intervención General no figura entre los firmantes señalados.

En el material analizado tampoco aparece ninguna disposición posterior que conceda a Mari Paz Ayaba la facultad de condicionar con su firma los pagos del INSESO. Si esa autorización existe, las autoridades deben mostrarla. Mientras no aparezca, la segunda orden bancaria refuerza las denuncias de que la interventora ha convertido una función de control en un poder ejecutivo paralelo.

Mari Paz Ayaba y el entonces Delegado Nacional, Tomás Esono Ava, fueron nombrados simultáneamente por la Jefatura del Estado en diciembre de 2021. Esa coincidencia no convirtió a la Intervención y a la Delegación Nacional en dos órganos ejecutivos equivalentes.

La Intervención controla la regularidad del gasto. No dirige el INSESO, no sustituye a la Delegación Nacional y no puede imponer por voluntad propia quién moviliza las cuentas de la institución. Fiscalizar no significa gobernar.

Fuentes internas acusan a Ayaba de haber traspasado esa frontera, utilizando el control presupuestario para bloquear decisiones, desautorizar a la dirección y someter los pagos a su aprobación personal. El expediente del subsidio muestra cómo esta disputa puede retrasar una prestación que ya había superado todos los trámites internos.

La crisis se extiende también a la incorporación de personal. Radio Macuto ha recibido una relación de 50 personas adscritas al Policlínico Nuevo INSESO. El documento incluye médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos y administrativos, todos ellos señalados como personal activo y “sin vínculo laboral con SGS”.

Fuentes de la institución sostienen que Mari Paz Ayaba aprovechó la desaparición o transformación de la antigua Sociedad Guineana de Salud de Bata para introducir en el INSESO a personas afines y establecer una red de lealtades internas.

La relación confirma la presencia de esas 50 personas, pero no contiene sus contratos, resoluciones de nombramiento ni la identidad de quien autorizó formalmente cada incorporación. Son los responsables que seleccionaron, contrataron y presupuestaron ese personal quienes deben responder por su situación.

Los trabajadores incluidos en la lista no pueden ser convertidos automáticamente en culpables de unas decisiones tomadas desde los despachos. La responsabilidad recae sobre quienes los incorporaron sin aclarar el procedimiento seguido, la necesidad de los puestos y la cobertura económica de sus salarios.

En Guinea Ecuatorial, ninguna funcionaria bloquea pagos, desautoriza a la dirección de una institución, impone su firma en operaciones bancarias y permanece intacta después de varios cambios en la cúpula sin contar con una protección poderosa. Mari Paz Ayaba no actúa sola. La impunidad con la que interviene en el INSESO apunta directamente a un alto responsable del régimen que la sostiene y le garantiza cobertura. Identificar a ese «pez gordo» forma ya parte central de Radio Macuto.

La propia Ayaba utiliza su permanencia en el cargo como demostración de fuerza. Según fuentes, recuerda a los trabajadores que otros delegados nacionales cayeron junto con sus interventores, mientras ella continúa en pie. No se trata de una casualidad administrativa, sino de la señal más visible del respaldo que le permite desafiar la jerarquía del INSESO y actuar como un poder paralelo dentro de la institución.

Esa supuesta protección explicaría la seguridad con la que desafía a la Delegación Nacional y extiende su influencia sobre decisiones que no corresponden a la Intervención. Ningún respaldo político puede autorizar la paralización de salarios, prestaciones o pagos aprobados.

Quienes soportan esta lucha de poder son los empleados que esperan su sueldo y los ciudadanos que dependen de una prestación. El INSESO administra recursos procedentes del trabajo y de las cotizaciones de la población. No puede convertirse en propiedad de una interventora, de una delegada ni de una red de protectores políticos.

Radio Macuto continuará documentando esta crisis. Los trabajadores y personas que conozcan lo ocurrido pueden seguir remitiendo nóminas, órdenes bancarias, circulares, contratos, listados, audios, mensajes y comunicaciones internas. Cada documento permitirá identificar quién bloqueó los pagos, quién autorizó las incorporaciones y quién protege el poder paralelo instalado dentro del INSESO.